1. La violencia. Es un tema complejo de abordar. Podemos hacerlo a partir de lo que consideran tres pensadores; dos de ellos, Walter Brugger y Harald Schöndorf, en su Diccionario de Filosofía, distinguen el concepto de otro que tiene conexidad y que se refiere al poder de los gobernantes. Dicen en lo medular: “El poder, a diferencia de la violencia, está sometido a un reglamento. Se presenta como violencia monopolizada en el Estado. Pero sólo es legítimo hacer uso de ella cuando es indispensable para la paz de la sociedad, así como para regular conflictos e imponer normas. En cualquier caso, el ejercicio concreto ha de atenerse a la exigencia de proporcionalidad y someterse a un control jurídico (división de poderes). Tiene que ser más fuerte y efectivo que las posibles alianzas de poder por parte de los miembros de la sociedad, pero no puede lesionar la dignidad del hombre en aras de la efectividad y del éxito”.

Si tenemos esta premisa y observamos los hechos, los videos y fotografías existentes, encontramos que el gobierno de César Duarte no se apegó a reglamento alguno, no intentó resolver ningún conflicto ni mucho menos imponer una norma; fue desproporcionado el uso de la fuerza policial, no atendió ningún protocolo, sobrepasó el límite de respeto a la dignidad humana y pretendió aplastar un reclamo de justicia contra la corrupción y la impunidad, denunciada en el expediente instaurado el 23 de septiembre de 2014 y que se sustancia en la PGR bajo el número AP/PGR/UEAF/001/2014-09

2. Violencia estructural. Johan Galtung, el tercer pensador que tomamos como básico, ha desarrollado la idea de una violencia institucional que existe en las sociedades y que podemos equiparar al concepto tradicional de injusticia social, que aquí está presente en el tratamiento de la lucha contra la corrupción política de César Duarte, Jaime Herrera, Carlos Hermosillo, en primer lugar porque habiendo una denuncia que va para dos años de haber sido legalmente intentada, la PGR no ha resuelto, cual es su deber público el ejercicio de la acción penal; pero por otra parte, la tiranía chihuahuense ha recurrido a la violencia material en la mayor parte de las acciones de Unión Ciudadana: a la hora de su fundación, el 28 de noviembre de 2014, repitiendo eventos de más o mayor intensidad en las ciudades de Ojinaga, Juárez, Madera y particularmente en dos fechas del 2015: el 28 de febrero, cuando los porros de Duarte atacaron una manifestación pacífica, y el 8 de mayo con la agresión perpetrada en la Secretaría de Hacienda de Jaime Herrera Corral. La primera agresión es materia de una sustentada Queja ante la CNDH, expediente sin Recomendación a más de un año, identificado con el número de expediente CNDH/2/2015/6207/Q. La violencia del 22 de junio no es un rayo en cielo sereno: Chihuahua está cargado de grandes agravios sociales, económicos, culturales, étnicos, extraterritorialidad de la delincuencia, que pesan bastante y han generado un profundo malestar social. La institucionalidad de la violencia, por tanto, está en todas partes.

3. ¿Quién ha usado la violencia? A través de un largo ciclo se observa que la violencia ha provenido del gobierno de César Duarte y por órdenes directas de él, y en ella ha participado Javier Garfio Pacheco, presidente municipal de Chihuahua, funcionarios públicos de diverso rango, y agentes reclutados en la delincuencia a través del Partido Revolucionario Institucional. Ha habido una sucesión de eventos que inequívocamente demuestran el comportamiento violento del gobierno como forma de represión y contención de la lucha ciudadana.

4. ¿Cuál es la filosofía de Unión Ciudadana en torno a la violencia? Merece un rechazo absoluto y sin condiciones, con independencia de sus causas, motivaciones, fuentes e intensidades. Desde su fundación, para Unión Ciudadana no hay más camino que la apuesta por el derecho, el reto a las instituciones para que lo apliquen, y ambas cosas obtenerlas a través de una acción pacífica permanente. Unión Ciudadana no ha sido, ni es, ni será, aparato electoral de nadie, de tal manera que cualquier deslinde que se haga al respecto es innecesario, además se ha mantenido y mantendrá como organización no gubernamental.

5. ¿Quién convocó la concentración del 22 de junio? Se convocó por acuerdo de Unión Ciudadana y otros liderazgos a través de Jaime García Chávez. El llamamiento fue a una manifestación pacífica, como tantas otras en las que se ha participado. Se asume esta responsabilidad de manera completa, a la vez que se reconoce la responsabilidad de haber hecho lo que razonablemente estuvo al alcance para persuadir a los asistentes y que no derivara en violenta una acción convocada como pacífica. Además, la convocatoria fue pública a un espacio abierto, sin reservarse ningún derecho de admisión, ya que Unión Ciudadana es un colectivo de mujeres y hombres libres, que a diferencia de otras estructuras organizativas no se rige por una línea de mando, obediencia, disciplina, jerarquía o control. No es ni un partido ni un sindicato, por poner un par de ejemplos.

6. ¿Cuál fue la consigna? Las consignas de Unión Ciudadana han sido en esencia, caracterizadas por el rechazo a César Duarte y se han expresado cuando menos en tres frases: ¡Duarte Vete! ¡Vete Duarte! y ¡Fuera Duarte! Dos años las hemos pronunciado de manera sistemática y contundente. En tal sentido son consignas que dan identidad a Unión Ciudadana, perdurables, trascendentes y cohesionadoras de la lucha cívica. De tal manera que no se trata de un llamamiento ocasional, inventado para el 22 de junio. En otras palabras, son consignas fundacionales y en la fecha indicada no hay ninguna evidencia de que previamente se haya llamado a “tomar el palacio”.

7. Las ausencias en la coyuntura. El gobierno de César Duarte no ha actuado con un sentido de responsabilidad política, propio de la democracia, y se ha comportado como el mismo autócrata que ha pretendido ser y no ha tenido la dignidad de dimitir de su cargo, como lo han hecho líderes partidarios como Manlio Fabio Beltrones y Agustín Basave, que renunciaron a las presidencias de sus partidos. Lejos de esto, el gobierno de Duarte no ha reconocido expresamente su derrota, no ha generado las condiciones más adecuadas para la transición al nuevo gobierno, ha persistido en su intención de incrementar el endeudamiento público y pretende burlar la voluntad popular a través de una frívola impugnación de las elecciones, orquestada por el priísmo que le es adicto, y parece que está intentando recibir una derrota más.

8. Infiltración. El 22 de junio un pueblo se opuso a la tiranía y Unión Ciudadana, actuando con responsabilidad política y moral, está realizando una investigación, con modestos recursos para esclarecer a fondo los hechos, pero en todo caso corresponde a las autoridades hacer lo propio de forma independiente, apegado al derecho, con objetividad e imparcialidad, y además hacerlo de manera expedita.

9. Uso de la fuerza. Existen evidencias inobjetables del uso desproporcionado de la fuerza y el abuso policial en contra de ciudadanos que fueron detenidos en un número de 103, de los cuales algunos están vinculados a procedimientos penales. Prácticamente tuvimos una feroz razzia racista, discriminatoria y antijuvenil, inadmisible en un buen desempeño de la policía en contra de manifestantes.

10. La amenaza de la represión. La represión está presente y hay el intento de aprehender a más personas. En todos estos casos y cuando materialmente Unión Ciudadana pueda prestar asistencia jurídica, lo hará, como de hecho lo ha realizado en algunos casos en los que se han obtenido libertades plenas para participantes, especialmente menores de edad. Unión Ciudadana no abandona a nadie. Se pretende colocar a Unión Ciudadana en la ilegalidad. En realidad la ilegalidad está en el gobierno.

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Estos diez puntos que precisan diversos hechos u orientaciones políticas, son un material colectivo de trabajo de Unión Ciudadana, que además no cejará en su intento de lograr el enjuiciamiento penal de los principales responsables de la tiranía contra la cual se levantó el pueblo.