Injerencia de la CIA en Chihuahua y el grave deterioro institucional
El estado de Chihuahua, particularmente la gobernadora María Eugenia Campos Galván, está envuelta en un problema nacional con trascendencia a las relaciones que nuestro país tiene con los Estados Unidos en esta etapa tan delicada del trumpismo. Otro rasgo no menor es la erosión que ha sufrido el inexcusable cumplimiento del entramado constitucional que rige el problema al que me voy a referir.
Como es del dominio público, murieron dos agentes de la CIA, de cuatro que habían participado en un operativo antidrogas en la sierra de Chihuahua, y esto ha ocasionado un diferendo entre las múltiples versiones que poco a poco nos han venido contando, tanto el gobierno del estado como el federal, del mismo modo que un homeópata dosifica sus remedios.
Conviene, entonces, explicar el marco jurídico en el que este problema se desenvuelve. De entrada, el artículo 117 constitucional es muy preciso, no requiere de mayores rigores para su interpretación, cuando dispone que “los Estados no pueden, en ningún caso, celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras”.
Actualmente, dado el belicismo e intervencionismo trumpista, este caso debe servirnos de ejemplo y precedente para algo fundamental: si Trump no lograse entrar a México por la puerta principal en el combate al narcotráfico, podrá hacerlo por las ventanas, y en este caso Chihuahua aparecería como una de esas ventanas, y colocaría al gobierno de Campos Galván, a su fiscal César Jáuregui Moreno y al secretario Gilberto Loya, en el incómodo lugar de estarse prestando a una colaboración no tan sólo indebida, sino proscrita.
El Estado de derecho es riguroso al respecto. Hay quienes dicen que no importa si el gato es blanco o negro pero que lo fundamental es que cace ratones. Con esto quiero decir que no porque la administración de Maru Campos haya desmantelado un narcolaboratorio en la sierra (el más grande, dicen), eso no le exime de la veda que la Constitución impone en cuanto a la injerencia de agentes de un gobierno como el de Estados Unidos y de una agencia como la CIA, y otras, de tan negra historia.
Esto no significa que no haya un marco legal de colaboración, dado que en un mundo global como en el que vivimos, problemas como el narcotráfico, el terrorismo, el trasiego de armas, el lavado de dinero, la internacionalización del crimen organizado, se imponga el convenir con otros gobiernos para, transparente e institucionalmente, se logren las metas.
Por ello nos explicamos que es reciente una modificación a la Constitución que hoy dispone, en su artículo 40, que “tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, en el marco de las leyes aplicables”. Lo que en buen castellano significa que en el gobierno central del país se hospedan las atribuciones que hoy ejecutó la gobernadora local usurpando facultades.
Pero la complicación es un tanto mayor. La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, acaba de reconocer que en ese operativo actuaron elementos del Ejército, de la cual ella es, por ley, comandante suprema. Aquí empieza el enredo, que no por tener esta característica debe quedar en un incidente más de tolerancia y lenidad para la aplicación del derecho. Quiero decir con esto que debe haber sanciones.
Se advierte, de manera más que evidente, que el gobierno de María Eugenia Campos Galván y sus funcionarios, hoy se ocupan de todo menos de lo esencial y de su obligación debida, dado que son servidores públicos de primer nivel en el área de la seguridad.
Pero ya está resultando –se debe decir enfáticamente– que las instituciones se han venido deteriorando gravemente, al grado de que arrogarse facultades que no se tienen, anuncia que se puede hacer de todo sin que pase absolutamente nada; o lo más grave, que la presidenta de la república no sepa, no esté informada, o simule no estarlo, de lo que pasa en el país, y en especial de cómo se mueven sus subordinados.
Con esto, lo que se concluye es que hay responsabilidades inexcusables de ambos lados, y lo más preocupante será que se transija bajo el lema de yo te tolero o yo te disculpo; y mientras tanto, el crimen organizado toma nota de estas debilidades para seguir prodigando calamidades.
Para un gobierno como el de Claudia Sheinbaum, que se envuelve constantemente en una soberanía retórica, se podría colegir que está padeciendo una política del poderoso imperio, hoy en manos de Trump, para entrar por la ventana de cualquier estado de la república que se lo permita, mientras el discurso oficial lo esperé en la puerta principal de manera inútil.
De María Eugenia Campos se puede decir que su entreguismo ya tiene varios capítulos y sus simpatías están al norte del Río Bravo.
