El “accidente” en Morelos desbarranca al gobierno de Maru
Si dos funcionarios públicos mexicanos mueren en una barranca en Morelos, poco importa en los círculos oficiales. Pero si ahí mismo fallecen dos funcionarios públicos estadounidenses, el problema se torna grave, toma un cariz internacional y revela, como es el caso, una evidente contradicción entre el gobierno de la república y el que encabeza en el estado María Eugenia Campos Galván, que debe tener consecuencias y sanciones.
Es obvio que me refiero al “accidente” en el que fallecieron el director de la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta, el agente ministerial Manuel Genaro Méndez Montes, y dos “instructores” de la embajada de Estados Unidos en México, si esto, en medio de la confusión y la desinformación, resulta cierto.
Más allá de todos los discursos soberanistas de este gobierno federal y los anteriores, hay que reconocer como un hecho duro que las agencias norteamericanas y su personal siempre han operado en territorio mexicano de manera pertinaz y sistemática. Eso por sabido se calla.
Ahora este problema revela el deterioro institucional que se vive en el país entero. La Constitución acepta la colaboración con agentes de gobiernos extranjeros en temas de narcotráfico, lavado de dinero y seguridad nacional. Las leyes reglamentarias se ocupan de esta materia bajo la única posibilidad que es admisible, sobre en un contexto mundial: que el gobierno central sea el único facultado en este sensible tema. Nadie más.
Y menos los gobiernos de los estados, porque en esto la prohibición es tajante: ninguna entidad puede tener pactos internacionales, y hay que tomar en cuenta, en el caso que me ocupa, la obsequiosidad bien sabida de la gobernadora de Chihuahua, que se formó en Washington y que, además, le fascina tener pactos con el gobierno ultraconservador de Texas, encabezado por Greg Abbott, con lo que siempre ha pretendido hacerle más que un guiño al trumpismo.
En el fondo, y así lo ha reconocido la presidenta Sheinbaum, el gobierno de Chihuahua está obligado a aclarar porqué se extralimitó en sus atribuciones; y eso debe tener las sanciones correspondientes. En primer lugar a la titular del Ejecutivo, y particularmente a los funcionarios involucrados, en este caso el fiscal general César Jáuregui Moreno y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, quien no ha dado la cara.
Es un caso que está en proceso, pero no se tomará a bien que se opaque la información y la rendición de cuentas, como suele suceder. Aquí hay responsables, y punto.
Qué lamentable que la fatalidad de la muerte sea la que venga a exhibir la precariedad de gobierno que padecemos.
