Francisco González, preso entre políticos

Hace unos cuantos días la senadora morenista Bertha Caraveo hizo pública una iniciativa para que su Cámara declare que Francisco González Arredondo es un preso político en Chihuahua.

La acompañaron en su rueda de prensa algunos de sus colegas legisladores, en especial el panista Gustavo Madero, Germán Martínez, Emilio Álvarez Icaza, quienes exhibieron pancartas –guindas por cierto– que subrayaron el propósito apuntado. También ocupó un lugar preponderante el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Visto superficialmente el hecho, se trataría de un simple acto solidario, pero evidentemente hay más. Esa es la cáscara de la nuez, lo importante es la almendra.

Francisco González fue figura clave en su calidad de fiscal para investigar y procesar al tirano corrupto César Duarte y a parte de su pandilla que ocupó el poder en Chihuahua durante el sexenio 2010-2016, banda por cierto de la que formó parte la actual gobernadora, María Eugenia Campos Galván, que aún tiene cuentas pendientes con la justicia penal, paralizadas por el fuero constitucional del que goza, más no prescritas de ninguna manera.

Por algo más que una ironía de la historia, hoy Duarte y su fiscal están en cautiverio en el mismo penal de Aquiles Serdán; el primero ya sabemos porqué, y el segundo acusado de haber practicado tortura psicológica.

No me queda duda alguna de que en todas las causas penales se debe aplicar con absoluto rigor el debido proceso, esencial para fortalecer el Estado de derecho; y en ese sentido, el caso se ha de llevar hasta sus últimas instancias que esclarezcan todo y se ponga en su lugar a los actores principales. Es una historia a la que están vinculados por el proceso penal algunos, y como políticos otros, que inocultablemente están presentes. Y es aquí donde las observaciones y la crítica juegan un lugar de significación. La almendra, pues.

A la senadora Caraveo, tengo para mí, le importa un soberano bledo la causa de Francisco González. Como antecedente obra que durante toda la lucha contra el corrupto César Duarte jamás asomó la cabeza, aparte de que tuvo una visión de la insurgencia cívica que resistió al duartismo como algo indigno políticamente de sus simpatías, y no se diga de su militancia y resistencia.

En el tiempo más crítico, junto con López Obrador, Caraveo estigmatizó la lucha por considerarla “sesgada” en favor del PAN. Hoy, en desprecio de la historia, exalta las glorias y los esfuerzos de Javier Corral en esa etapa por un oportunismo vil, al que desde luego la dupla Corral-Madero se prestan para reconfigurar regionalmente el escenario político electoral de Chihuahua rumbo al proceso de 2024.

Una apuesta sin sentido pragmático, además, porque Corral es un político despreciado en Chihuahua, y con justa causa por su utilitarismo en la lucha anticorrupción y, sobre todo, por su desastrosa administración quinquenal que le permitió al PAN maruquista jugar a la oposición y derrotar a su mismo gobernador, en particular cerrándole el paso a Gustavo Madero, ingenuo delfín en ese drama.

Hay mucho qué decir en este escandaloso caso. Enumero algunos aspectos que los senadores solidarios no ven o no quieren ver: Corral traicionó la lucha cívica iniciada en septiembre de 2014, enviando a la congeladora de su fiscalía la histórica denuncia penal con que arrancó la insurgencia antiduartista, y de la que se sirvió para ganar la mayoría en las elecciones de 2016.

En esa obstrucción de la justicia, el artífice fue, precisamente, Francisco González Arredondo. Además, Corral estuvo informado de la corrupción delictiva de Maru Campos y contemporizó con ella porque era clave para su triunfo electoral en un ciclo de cinco años. En las postrimerías de su gobierno, pretendió utilizar el expediente negro de la hoy gobernadora como medida de presión para auspiciar el continuismo de su grupo, que pretendió con la aquiescencia de Madero Muñoz.

Agrego lo que me parece singularmente grave: protegió como testigo colaborador a Jaime Ramón Herrera Corral, el secretario de Hacienda y operador financiero de Duarte, sin que este haya restituido ni un centavo del quebranto que operó en contra de Chihuahua.

Añado otro elemento y último en este texto. Hay más, pero estos son suficientes: Javier Corral jamás concedió a Unión Ciudadana, brazo cívico al que renunció de inmediato, luego de ganar la elección de 2016, una audiencia formal, como era su obligación moral y jurídica, para escuchar sus enfoques anticorrupción, llegando al extremo de bloquearnos el acceso a un evento sobre la materia mediante el uso de policías disfrazados de civiles.

Que los senadores, en su torre de marfil, opinen y apoyen puntos de acuerdo en la ignorancia, no me extraña; que lo hagan con oportunismo preelectoral, tampoco. Que la senadora Bertha Caraveo, toda una mediocridad, emplee ahora un lenguaje almibarado para hablar de Corral, la exhibe como una política desesperada para continuar medrando, ahora que está próxima la caducidad de su encargo. Le importa más lo que pueda hacer por Ebrard, que la supuesta prisión política que busca se declare como tal en el Senado.

Es obvio que el novísimo librero Javier Corral, como las víboras, espera a que caliente el sol de verano para cambiar de piel. En el video que se difundió sobre la rueda de prensa de la senadora, asumió un protagonismo que concitó que poco a poco los senadores acompañantes se fueran dispersando.

En medio de todo esto, se encuentra Francisco González Arredondo, más que todo en su calidad de preso entre políticos. Para el debido proceso, pienso que el continente de la sentencia final de su causa tendrá importantes consecuencias, se dicte aquí o por la federación, como se pretende, mediante la atracción.

Pero como todos sabemos, a final de cuentas la última palabra podrá decirla un juez, magistrado o ministro del Poder Judicial de la Federación.