Nos dijeron que un día de abril estaría en Chihuahua. El mes está terminando y el suceso no se presenta. Ignoro qué se esté tejiendo al respecto, pero supongo que intereses puramente políticos y nada que tenga que ver con la justicia y el combate a la corrupción política que hemos padecido desde hace mucho tiempo, pero particularmente de 2010 para acá y de la que ningún poderoso queda exento.
A la que le resulta una piedra en el zapato traer a Duarte a Chihuahua es a María Eugenia Campos Galván, la gobernadora que sigue ahora las mismas pautas del ejercicio del poder político que sus predecesores Duarte y su compañero de partido Corral.
Un problema es que, de llegar, probablemente recupere su libertad en cuestión de horas, convirtiendo la extradición en un sistema de impunidad, pues nadie cree que un poco más de noventa millones sea el quebranto que le causó al patrimonio de los chihuahuenses.
Pero como quiera que sea, sentar a Duarte en el banquillo de los acusados va a reavivar el ominoso pasado de su tiranía. Pasarán a escena pública Maru Campos, su cómplice y beneficiaria, y Jaime Ramón Herrera Corral, hasta ahora ileso.
Quizás haya un entramado de relaciones con el gobierno de López Obrador para facilitarle las cosas a la gobernadora. Es válido conjeturar a este respecto si nos hacemos cargo que a más de tres años de iniciado del gobierno de la “anticorrupción” obradorista se haya desdeñado la histórica denuncia penal del 23 de septiembre del año 2014, que abrió la lucha cívica que a la postre derrotó al priismo chihuahuense.
Para los que crean que el gobierno federal no se las gasta así, ya es tiempo de que se hagan cargo de que la Cuatroté fue en anticorrupción demagogia pura. Ahora resulta que hasta el corrupto mayor, Enrique Peña Nieto, es un hombre respetado por el presidente mañanero.
Estamos pendientes del desenlace de este escándalo. Será el momento para saber quién es quién.