Sobre la escena pública se encuentran bastantes hechos que nos dicen que a Andrés Manuel López Obrador muy poco o nada le importa la Constitución, el Estado de derecho y el régimen de facultades expresas y limitadas que establece aquella. Está en marcha, con tonalidades de demagogia, y con un afán patrocinador de la tiranía amlista, la consulta para que se decida si se ejercita la acción penal en contra de los expresidentes. Claro, de los últimos expresidentes, porque no creo que quiera juzgar a su inspirador Luis Echeverría Álvarez. 

Podrán decir lo que quieran los aduladores y vividores de la llamada Cuatroté, pero no se requiere consulta alguna para ejercer la acción penal cuando hay materia para hacerlo. Es más, es una obligación pública proceder. Pareciera que el presidente tiene miedo a tomar decisiones, o bien que está pensando en eternizarse en el cargo para realizar su proyecto político. Su tiempo es sexenal y ya casi termina el 50%.

Para mí, está claro que los expresidentes cometieron faltas mayores y que deben rendir cuentas a la justicia y ser castigados en su caso. Empezando por Enrique Peña Nieto, que prohijó la corrupción más grande de la que se tenga memoria en años recientes. Entonces, ¿por qué le tiembla la mano a AMLO? ¿Le interesa más la aclamación popular que cumplir con la ley?, sobre todo si nos hacemos cargo de que esa aclamación ya no le servirá para candidatura alguna, pues su tiempo ha terminado, y son sólo seis años. O menos. 

No sea miedoso presidente, está obligado a actuar, déjese de farsas, de consultas populacheras y tumultuosas.