Reforma judicial y la ignorancia de la presidenta

La reforma judicial que está al borde de su momento crucial, ha cobrado un cariz internacional; quiero decir que acontece bajo la observación externa, o simplemente a las referencias que ha hecho Claudia Sheinbaum al derecho público comparado con el que impera en los Estados Unidos.

En relación a lo primero, el hecho de que el diario británico Financial Times tilde de “kafkiana” la elección que viene, no es poca cosa si nos hacemos cargo de que el notable escritor, Franz Kafka, fue un estudioso del derecho y crítico profundo del mismo en la vida real y a través de obras notables.

El otro aspecto, y al que esencialmente quiero referirme, es al recurrente pronunciamiento de Claudia Sheinbaum de que en los Estados Unidos también se eligen a los juzgadores en las urnas. Esos pronunciamientos de la presidenta denotan un alto grado de insuficiencia informativa sobre el tema, y además se pueden señalar como engañosos, manipuladores y de ignorancia superlativa grave en una persona que presume su calidad de científica.

Pero no sólo. Pasa por alto que los más destacados pensadores mexicanos, que están examinando esta reforma judicial en la presente coyuntura, han realizado profundos estudios para demostrar la impertinencia de una modificación constitucional como la que está en curso, sin hacer la defensa de lo que hemos tenido, para lo cual también sugieren el procesamiento de reformas de fondo bien encausadas.

Para estos pensadores, que a la vez han sido sus colegas en la UNAM, la presidenta no tiene ojos, ni los ve ni los oye en sus fundados análisis que circulan profusamente de manera particular en el mundo académico y un poco más en el de los abogados postulantes, estos últimos cuestionables por carecer de una opinión a la altura de las circunstancias.

Son varias y documentables las veces que la presidenta ha dicho que en los Estados Unidos también se eligen a los jueces, y lo reiteró en una declaración formulada el día de ayer en su “mañanera”. Dijo: “En muchísimos lugares de Estados Unidos se eligen a juezas y jueces”, desentendiéndose de una realidad de una tradición política tricentenaria como la del vecino país, que dimensiona con mucha claridad que eso se podría considerar hasta marginal y de ninguna manera definitorio del sistema judicial de los Estados Unidos, por cierto no invulnerable a la política y a la penetración de intereses económicos.

Quien haya leído la producción del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, o el trabajo conocido como La tormenta judicial, que trata de las implicaciones de la reforma de 2024 que López Obrador y Sheinbaum le impusieron al país, se percatará de que este trabajo, coordinado por Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes, y prologado por el jurista argentino Roberto Gargarella, al examinar el sistema judicial norteamericano, no corre en paralelo con lo que se propone lo que en México se está haciendo en este momento. Pero hay oídos sordos a la crítica y son muy extraños en una gobernante que se autocataloga por sus compromisos con la ciencia y todo lo que esto implica de apertura para la comprensión de los hechos.

Al leer el ensayo de Francisca Pou Giménez llegamos a la conclusión de que estamos en presencia de diferencias sustanciales por la existencia, por ejemplo, de listas masivas, pero sobre todo que los jueces electos popularmente allá tienen un rango de decisión sumamente acotado y no es lo predominante en su sistema judicial.

Por otra parte, hay que hacerse cargo de que en la tradición jurídica mexicana, y me refiero a las mentes más lúcidas que la han analizado, han tenido de inicio la defensa del Poder Judicial como un poder real, siempre pretendido por el Ejecutivo (presidentes y gobernadores) y por una apertura de ampliación del juicio de amparo que ahora se ha limitado, y la posibilidad de que el Poder Judicial le dé cabida a juicios de inconstitucional o controversias constitucionales.

Pero hay más. Aquí se está intentando una reforma judicial sin tocar absolutamente nada el nefasto papel que han jugado las procuradurías, y en el caso que me ocupa, la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Debo reconocer que de la primera declaración que le escuché a la presidenta, a la muy reciente que comento, ha hecho ciertos matices; pero de ninguna manera ha dejado de exhibir sus limitaciones de conocimiento de la materia. Imperdonable en una jefa de Estado, y más cuando lo que sí queda claro es que está metida como líder la campaña electoral, con todo y sus tutoriales.

Cómo andarán la cosas que hasta Cuauhtémoc Cárdenas, en febrero pasado, adelantó que votaría en esta elección solo si logra entender una boleta.