Presionada y contradictoria la Cuatroté frente a desapariciones

En materia de desapariciones forzadas en México, Teuchitlán, Jalisco, fue el punto de inflexión. Durante el sexenio de López Obrador y estos primeros meses de Claudia Sheinbaum había desprecio por la atención de este grave problema humanitario. El oficialismo se empeñaba en negar la magnitud del fenómeno, desatendía a las madres buscadoras y consideraba su actividad como contestataria o disidente del gobierno actual y hasta fueron acusadas de “carroñeras” desde palacio. Todo un despropósito, por decirlo suavemente.

Las pifias que mostró el comportamiento gubernamental con el hallazgo del Rancho Izaguirre, apuntaban a que habría más de lo mismo en este tipo de casos que han ensombrecido la vida de México y que alcanzó niveles de alarma con el volumen cotidiano de 45 desaparecidos por día.

No fue suficiente la voz de las familias victimadas con la desaparición, tuvo que pasar el grave hallazgo y todo lo que sintetizó, porque el problema es mucho más vasto, para que se atendiera con cierta decencia la agenda humanitaria que obligaba a emprenderse, incluso de manera oficiosa, pues la magnitud de los delitos no dejaba excusa alguna para la incuria que vimos, mucho menos para el desprecio de que fue objeto esta tragedia.

Tuvo que venir la Organización de las Naciones Unidas a emprender acciones que obligaron a una intervención atingente, y sobre todo a poner en el debate mundial lo que sucede en México con el fenómeno de las desapariciones forzadas. La ONU, en voz del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, Olivier de Frouville, fue clara: la decisión de activar medidas cautelares contra México se tomó en base a “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”. Así de contundente.

Aquí, al interior del país, vemos que una iniciativa de ley de la presidenta Sheinbaum al respecto está estancada en el Congreso; fue prioritario en su momento darle celeridad a otras reformas intrascendentes y no a esta que amerita un marco jurídico mejor delineado, con responsabilidades para los funcionarios públicos. Ojalá y atrás quede la ceguera de los morenistas que ven en cualquier crítica sólo un afán de estorbar al gobierno, y también el maltrato de personajes como Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la república, a las madres que registraron puntuales la agresión verbal, quienes pusieron en evidencia quién es este político verborreíco e insensible. Este ambiente, creado desde el oficialismo, se agudiza con crímenes como el de la madre buscadora, Teresa González Murillo, en Guadalajara, Jalisco.

Ojalá venga una nueva etapa de atención privilegiada a esta dramática situación en la que se dejen de lado pronunciamientos como el de Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, que sólo tiene ojos para ver –moviendo a risa– que el Plan México es toda “una locomotora para la transformación”, o la CNDH de Rosario Piedra Ibarra, afirmando que la intervención de la ONU está “descontextualizada”, o que la dirigente nacional de MORENA, Luisa María Alcalde, acuse también facciosidad de la misma organización internacional, y se empiecen a tomar en serio determinaciones como la de Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, quien lanzó un ultimátum para que se atienda la desaparición forzada por los funcionarios y que y quienes no lo hagan, “van a tener que irse, porque la presidenta no está jugando”.

Soy crítico del comportamiento oficial en estos temas y lo que acabo de decir no es una obsequiosidad. Sé de cierto que el punto de inflexión lo marcó la misma realidad y el ejercicio de contrapesos que vienen de fuera, como el de la ONU, cuando aquí se reconocen y gritan las madres, pero nadie las escucha porque padecemos un gobierno que cree que toda la verdad está de su lado y que quienes disienten y critican son meros enemigos.

En todo esto la cultura ha jugado un papel importante para desenmascarar el comportamiento del Estado frente a problemas tan graves como la desaparición forzada. Hubiera bastado que los del gobierno leyeran Cuerpos sin nombre, de Imanol Caneyada, para que tomaran nota de los muchos laberintos que hay que recorrer de manera inútil para buscar en las oficinas públicas quién atienda la desaparición.

Qué bueno que la carga haga andar al burro.