Necesaria auditoría de gestión a Torre Centinela
Finalmente se inauguró la Torre Centinela, el proyecto de obra pública insignia de la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Se presenta como una proeza haberla edificado. En realidad se hizo con el presupuesto público de Chihuahua bajo las pautas del contratismo y es una obra ordinaria desde el punto de vista arquitectónico y equipamiento.
Apostar a una obra pública que se tardará prácticamente todo el periodo gubernamental, y tratándose de la seguridad de los chihuahuenses, se antoja un despropósito. Hacerla en Ciudad Juárez sería exactamente lo mismo que hacerla en cualquier otro lugar, si reducimos su eficacia a la tecnología de punta que ahí se va a tener, a un alto costo presupuestal de mantenimiento permanente.
Como toda obra pública, debe ser examinada a la luz de la auditoría de gestión que se dispone en las leyes vigentes en el estado. Con el paso de los meses y años, un instrumento de esta naturaleza bien aplicado dará las explicaciones y justificaciones de la obra, o en sentido contrario, el fracaso de la misma, que se ha tildado ya de “elefante blanco”.
Lamentablemente ese sistema de auditoría no se aplica por el sesgo político y el tufo partidista que la propia institución encargada de realizarla tiene. Hay un principio que se reconoce universalmente y consiste en que el auditor y el auditado deben ser diferentes: no han de ser parte de la misma organización política por su adhesión y simpatía. Y si a esto agregamos que es el Congreso del Estado el que tiene la última palabra, todo está dicho.
Esa auditoría no llegará nunca porque puede decantarse por una de estas dos vertientes: que continúe el PAN en el poder estatal y se respalde la obra sin más ni más; o que lleguen otros y le den un tinte político carente de objetividad y simplemente de denostación.
Por ejemplo, no creo que un gobierno encabezado por Marco Bonilla y una legislatura de mayoría panista cuestione si la Torre Centinela se necesitaba o no en las condiciones que ahora la vemos, medianamente operativa.
Y qué podríamos esperar si MORENA asume el poder en Chihuahua, cuando uno de sus precandidatos ha tildado la torre como “una mugre”, como lo hizo Cruz Pérez Cuéllar, más por odio y politiquería que con argumentos sólidos.
Mueve a sospecha en el sentido que han expresado algunos analistas y organizaciones civiles, que MORENA como partido político esté en contra de esta edificación porque observa que a ellos les molesta cualquier empresa pública, social o civil, que cuestione las vinculaciones del poder federal con el crimen organizado desde los tiempos de Andrés Manuel López Obrador.
Soy de la idea de que se realizó un gasto excesivo y que pudo colmarse el propósito con una inversión mucho menor y sin necesidad de la ostentación de un edificio que tendrá un altísimo costo operativo, aparte de que será blanco concentrado de posibles ataques en pleno centro de esa ciudad fronteriza.
Por otra parte, se ha dicho que ese edificio albergará a agentes extranjeros de los Estados Unidos, en tiempos en los que eso se cuestiona fuertemente por el gobierno federal y que puede continuar siendo una fricción bilateral que no le viene bien al país.
Pero tecnificarse, como hoy se difunde por parte del gobierno estatal, pensando que el crimen organizado no hace lo mismo y con costos sumamente menores, es una ingenuidad que está a la vista. En la circunstancia hay dos hechos que hablan de esto: en primer lugar, la noticia de que los Estados Unidos ha utilizado tecnología para abatir los drones en la frontera, a lo que siguió que el Ejército mexicano también dijera que hará lo propio.
Quiere decir que la guerra contra el crimen organizado cuenta de uno y otro lado con similares recursos técnicos y una torre como la recientemente inaugurada tiene muy poco efecto disuasorio, y este gobierno ni siquiera va a tener la oportunidad en tiempo de ponerla en operación al cien por ciento, sino que fue un garlito sexenal de que algo se hacía en seguridad pública, cuando el plazo gubernamental se agota en el día a día.
No conozco las opiniones de los urbanistas y arquitectos de Ciudad Juárez sobre cómo altera el entorno urbano una torre como la inaugurada, pero sería pertinente que se manifestaran para tener un mejor juicio.
Preocupan empero, las declaraciones del vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, Jorge Armendáriz, quien el pasado 20 de abril afirmó que en los pisos 13, 14 y 15 de la torre ya trabajan analistas de inteligencia, tácticos y operadores de la C7, así como de la Plataforma Centinela, un programa que Campos Galván firmó en abril de 2022 con el gobernador de Texas, Greg Abbott, que consiste en “una plataforma inteligente y tecnológica, basada en una inversión de casi 200 millones de dólares”.
Según ese acuerdo entre Campos y el gobernador texano, se trata de un plan para “rastrear camiones comerciales que pretendan cruzar a Estados Unidos e incluye la compra e instalación de mil 791 cámaras en esta ciudad para reconocimiento de placas vehiculares; 79 drones; 3 mil 66 cámaras con sistema de paneo, inclinación y zoom; 102 arcos de seguridad y 807 estaciones de trabajo”.
Y es que la preocupación es real y justificada porque a Maru Campos se le ve como una agente al servicio del vecino país.
