Francisco Garduño, el impune
Francisco Garduño Yáñez, quien fuera director del Instituto Nacional de Migración (INM) continúa obstruyendo la justicia y sigue impune por los trágicos hechos del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde perecieron 40 migrantes de varios países centroamericanos.
Garduño ocupó el alto cargo federal sin tener la preparación profesional y el adiestramiento indispensable para atender una dependencia altamente sensible en tiempos en los que la migración figura en los primeros lugares de las agendas gubernamentales del mundo.
Lo suyo son las relaciones políticas. Militó para obtener cargos al amparo del extinto PRD, y MORENA, una vez instalado en el poder con López Obrador, le redituó en el nombramiento del alto cargo en ese instituto.
Dentista de profesión y al ser un improvisado en la materia, lógico es que se llegaran a producir eventos como el ocurrido en Juárez, y conviene, para la mejor comprensión de este caso, que traigamos a la memoria lo que sucedió, excelentemente documentado por La Verdad Juárez, que no ha quitado su atención sobre este suceso:
El 27 de marzo de 2023, presuntamente un grupo de personas migrantes prendió fuego a las colchonetas en la celda de los hombres de la estancia migratoria, donde migrantes extranjeros encerrados bajo llave discutían enojados con guardias de seguridad y oficiales migratorios por la falta de agua, alimentos y amagos de deportación.
Cuando las llamas se estaban propagando, los que estaban privados de su libertad de tránsito pidieron a gritos que los dejaran salir, pero quienes los tenían bajo su resguardo no les abrieron la celda. Esta acción provocó la muerte por asfixia de 40 hombres extranjeros y lesiones graves a otros 27 varones, originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela.
Una investigación colaborativa de La Verdad Juárez, El Paso Matters y Lighthouse Reports documentó que la estancia se encontraba con sobrecupo, sin extintores, sin ventilación, sin rociadores contra incendios y con detectores de humo sin funcionamiento, omisiones graves, así como irregularidades y abusos que contribuyeron a la letalidad del incendio.
Se podrían agregar más hechos, pero con los narrados hasta aquí bastaría para que se hubiera realizado una investigación de fondo por parte de las autoridades y se sancionara a los responsables. Pero en un México de impunidad, esto no tiene vigencia.
Lo mismo podríamos decir, en otro orden lo que sucedió, por ejemplo, en el tristemente famoso Colegio Rébsamen, el 19 de septiembre de 2017, donde perdieron la vida 19 niños y 7 adultos, o el colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido la noche del 3 de mayo de 2021 entre las estaciones Olivos y Tezonco, con saldo de 26 fallecidos y más de 100 lesionados.
Son tragedias o desastres que por estar en medio de ellas, el poder personal de un alto funcionario se traduce en la impunidad, porque la justicia es lenta o jamás llega, y
los llamados a preservar la seguridad para que esto no ocurra, tranquilamente continúen en sus cargos o se eleven aún más.
Sería el caso de Francisco Garduño, quien ahora es Director General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Y qué decir de Marcelo Ebrard o de Claudia Sheinbaum; el primero es ahora el secretario de Economía, y la segunda, ni más ni menos que presidenta de la república.
El caso de Garduño es más que aleccionador. Ha obstruido la operación mínima de la justicia, aparte de buscar quedar exonerado de los cargos que sólo a él se le pueden imputar y que de antemano están acreditados, porque 40 muertos no son pocos para la construcción de la evidencia.
Actualmente el oficialismo proclama ser diferente a los del pasado priista o panista. Pero este ejemplo por sí mismo evidencia que a Garduño, lejos de sancionarlo, se le asigna un nuevo cargo, muy bien remunerado, y en el que se supone adiestrará para el trabajo, para lo cual ya está descalificado por los hechos del 2023.
No se cansan de decir que “todo con la ley, y nada fuera de ella”, que no hay privilegios y que se fincan responsabilidades a quienes violentan la función pública, cuando lo contrario es la verdad: se les premia munificentemente y se les protege para que sigan empleados en altos cargos en la administración pública.
En estos tiempos a Ciudad Juárez debe llegar el mensaje de este atropello de quien ha despreciado encarar la justicia y se ha distinguido por evadirla.
