Columna

Delincuencia y política en Chihuahua

Política y delito en el estado de Chihuahua van de la mano. Parece que ambas actividades están hermanadas en el propósito de una élite dispuesta a mantenerse en el poder y que en ocasiones, más allá de los partidos a los que pertenecen, no se diferencian en lo más mínimo. Todos pueden ser “buenas personas”, empresarios, católicos, padres de familia que llevan a sus hijos a la escuela, asisten al mismo club, se encuentran en las mismas bodas y tertulias, frecuentan los mismos restaurantes de lujo donde toman la copa, y tienen como común denominador que están manchados por la comisión de delitos en el ejercicio de sus cargos.

Nada más difícil, desde la ciudadanía, encabezar una lucha política anticorrupción. El primer obstáculo es tener información de primera mano –y comprobable– para lanzar la acusación; y luego viene el enfrentamiento casi cotidiano con el ministerio público para que haga la investigación, y casi es imposible que trascienda a un tribunal competente para que dicte una sentencia, de cualquier tipo.

Los órganos de control, auditorías y entes fiscalizadores encargados de la tarea, con funcionarios capacitados, presupuesto e información, no hacen su trabajo. Las fiscalías anticorrupción son una más de las caricaturas que se han inventado y que a lo sumo sirven para maltratar a un alcalde de minúscula comunidad.

De todas maneras, lo que no hagan los ciudadanos no lo hará nadie. En Chihuahua ha habido dos luchas anticorrupción memorables, no digo que no haya otra: contra Patricio Martínez, que está documentada en mi libro El crimen sí paga, y la que se desarrolló al impulso de Unión Ciudadana contra César Duarte, que hoy duerme en el Altiplano, y que está firmemente documentado en el libro Ciudadanos y rebeldes, entre otros muchos textos y artículos.

Con motivo de las futuras elecciones hablaré, en un pequeño repaso, de cómo actores fundamentales de la política local, que aspiran a conservar o conquistar el poder, andan de la greña con la justicia, y logran evadirla por sus relaciones con la cima de las estructuras políticas y económicas.

Va este breve repaso:

La gobernadora María Eugenia Campos, acusada de recibir ilegalmente beneficios de parte del entonces gobernador César Duarte, siendo diputada local, tiene una causa penal que le espera un día después de que deje el cargo. El fuero ha interrumpido ese proceso. 

César Jáuregui Moreno está en esa misma causa por las dádivas recibidas, y hasta ahora ha evadido la acción de la justicia, a la vez que ha ocupado cargos en las administraciones municipales de Delicias y Chihuahua; y en el sexenio actual, de María Eugenia Campos, ha obtenido los cargos de secretario general de Gobierno y fiscal general del estado. Con motivo de los sucesos en el municipio de Morelos, tiene una investigación abierta ante la Fiscalía General de la República, y en cualquier momento se le puede iniciar cualquier otra por la misma causa. Hoy Jáuregui aspira a tener la candidatura por la alcaldía de Chihuahua

Javier Corral Jurado tiene una orden de aprehensión gestionada por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y ha evadido la acción de la justicia de dos maneras: una, por el influyentismo que lo salvó de la aprehensión misma por el puntual apoyó que recibió de Luisa María Alcalde y del encargado del despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López; la segunda, cuando MORENA lo dotó de fueron al regalarle un nuevo, pero viejo conocido cargo. Hoy es senador por ese partido.

Cruz Pérez Cuéllar, aparte de su destreza para brincar de un partido a otro o actuar como esquirol del PRI y formado en la derecha polóitica, hoy se le cuestiona por el contratismo corrupto que ha ejercido al frente de la alcaldía de Ciudad Juárez de la cual goza de licencia para separarse del cargo. El que esto escribe tuvo a la vista la documentación de prebendas que le otorgó César Duarte, por las cuales lo perdonó su compadre Javier Corral. Pérez Cuéllar aspira a convertirse en candidato de MORENA por la gubernatura del estado de Chihuahua.

Andrea Chávez está contaminada por la colusión con los corruptos. Sus unidades médicas móviles, costosas y de imposible adquisición con recursos propios, exhiben fondos de procedencia ilícita. El padrinazgo que sobre ella ejerce Adán Augusto López y la sombra de la Barredora, la conectan en una activad en la que se combinan delincuencia y política. De acuerdo al periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna de hoy, Andrea Chávez ha quedado entrampada en los entresijos del poder y en hechos de traición a la presidenta Claudia Sheinbaum. Empero, aspira a ser candidata de MORENA a la gubernatura.

De los aspirantes del PAN que controlan la información sensible, no tenemos datos centralmente porque están en el poder. Empero, parecen turbias algunas de las grandes obras públicas que denotan al corrupto contratismo, es decir, el favorecer a los financiadores, en particular a conocido grupo cementero. El relleno sanitario proyectado para Chihuahua, que es una necesidad (recuérdense los frecuentes incendios) topó con la voluntad del magnate Eugenio Baeza Fares, que dicho sea de paso, dejó convertido el centro de la ciudad en un adefesio.

Hoy política y delincuencia van de la mano, y así continuará mientras los ciudadanos no levanten su voz y la conviertan en acción para poner un alto de todo esto.