Como buenos católicos, los panistas que hoy controlan el estado, representaron fielmente el bíblico Consummatum est a la hora de aprobar, en el Congreso local, la reforma al Poder Judicial. El sacrificado, en este caso, fue la sociedad chihuahuense, a la que se le vende la idea de una transformación de fondo en materia de justicia, que significa un retorno simple y llano a las formas y contenidos que empleó el tirano César Duarte para doblegar a este poder esencial.
El más fuerte golpe a la división de poderes de que se tenga memoria, fue orquestado por Duarte para obligar a retiro a doce magistrados e imponer a ocho de su entera conveniencia, fuera porque se trataba de amigos, paisanos o incondicionales, o porque se concretaban en una dádiva de dos magistraturas al PAN de Mario Vázquez, César Jáuregui Moreno y María Eugenia Campos Galván.
Por esos años se dijo que se llevaría “aire fresco”, “oxígeno puro”, a un poder tradicionalmente enconchado en sí mismo. Nunca falta que de premisas aparentemente justas se llegue a conclusiones falsas y atroces, como en el caso que ahora me ocupa.
El daño que se hizo entonces es estructural y ha llegado en sus nefastas consecuencias hasta ahora, en el que la inestabilidad, la ausencia del cumplimiento constitucional de la delicada tarea del Poder Judicial, el llamado “cochinero judicial” y la desvinculación penal de la misma gobernadora, son botones de muestra. Y ese “cochinero judicial” ahora se pretende “corregir”, y esa es la miga principal de la “reforma”, con dos piezas aprobadas recientemente por el Congreso: la eliminación del concurso de oposición para obtener algún cargo, y el nombramiento de una comisión –a modo– de representantes de los tres poderes del Estado, que serán los encargados de “proponer” al funcionariado.
A través de sus persuasores a sueldo, se quiere convencer a la sociedad de que eso quedó atrás y que hay un parteaguas que inaugura a un renovado poder que ahora dependerá, para el recambio de su funcionariado principal, de una comisión que tamizará a los futuros aspirantes a las magistraturas, por una parte. Por otra, el restablecimiento de la reelección de los integrantes del Consejo de la Judicatura, amén de poner candados de antigüedad para ocupar la presidencia.
Se trata de una reforma pensada y ejecutada, única y expresamente, para favorecer un proyecto de poder transexenal, justo como lo hizo César Duarte, al que si algo le sobra actualmente en el pleno del Supremo Tribunal, es amigos y compadres. La novedad es que esos amigos y compadres ahora se verán engrosados con relación a María Eugenia Campos Galván, que cuando fue diputada sembró sendos panistas en ese nivel, y que en el futuro cosechará otros.
Es un viejo mecanismo para fortalecer la impunidad, que pareciera cifrarse en el lema “mis faltas de hoy serán conocidas mañana por mis amigos”. A todo esto le llaman “reforma judicial”. Pero no tan sólo, también le dan el significado de una trascendencia histórica que no tiene.
Se cumple la vieja costumbre de la clase política que nos viene desde el porfiriato de que el Poder Ejecutivo no se conforma con sus facultades expresas y limitadas, sino que siempre pretende engordarlas a costa de los otros poderes. Maru tiene en este momento el control del Congreso, por su mayoría panista, por la servidumbre que le prestan el PRI y el PT, y por los partidos traidores que nunca faltan, que cuando es necesaria una mayoría calificada, venden votos al mejor postor.
Quiero ejemplificar lo que significa y la importancia que tiene el nombramiento de magistrados, no nada más para los justiciables, que ponen sus vidas y patrimonios en sus manos, sino para aquellos casos en los que el Estado es demandado patrimonialmente y cuya justicia reclama una atención rigurosa y transparente.
Como se sabe, durante el duartismo se construyó la mal llamada “ciudad judicial”, y hubo corrupción más que documentable, cuya exposición harían muy largo este artículo. En ese caldo de cultivo apareció la demanda multimillonaria de la empresa Ingeniería y Diseño Van, SA de CV, que en una fase estuvo en conocimiento del magistrado más duartista de los duartistas: Gabriel Sepúlveda, que en una carrera vertiginosa llegó de secretario del Tribunal Superior, para hacerse magistrado y ocupar luego la presidencia. Algo nunca visto, pero que es muestra del tamaño del golpe que se dio entonces y que se reitera con el nuevo andamiaje que presume el maruquismo con su reciente “reforma”: el nombramiento de una comisión tripartita para designar a a jueces y, sobre todo, a nuevos magistrados.
Me explico: Duarte construye la “ciudad judicial”, escoge a los constructores; los constructores entran en diferencias y demandan al gobierno del estado; el duartista Sepúlveda es el magistrado de la causa y en su momento del tribunal; y ahora, ¡oh!, sorpresa, Maru “destraba el pleito” que ocasionó duarte, pagando, mediante un convenio, una millonada a la empresa Ingeniería y Diseño Van. Véalo usted en círculo y se percatará del evidente conflicto de intereses y corrupción que se cierne en todo esto.
Por eso, al momento de redactar este artículo, leí en la prensa la inserción pagada del gobierno del estado de Chihuahua sobre el Movimiento de Ingresos y Egresos, correspondiente al ciclo que termina el 30 de abril, donde se informa que se pagaron por deuda 1 mil 500 millones de pesos.
Cualquier lector podría conjeturar que ya se le pagó a esos constructores, así sea parcialmente, o que en la futura página de movimientos se dará cuenta de esos convenios que se están pactando ahora, en mayo, de donde se desprende que lejos de defender el patrimonio púbico, este gobierno es obsequioso en grado extremo con los bancos y los grandes capitalistas de la construcción en Chihuahua, porque el tamaño de esas cifras nos habla del abandono de prioridades que se reclaman en todas las poblaciones del estado.
La fracción parlamentaria de MORENA resistió la aprobación de este nuevo golpe al Poder Judicial. Lo equiparó a un golpe de estado y un regreso franco del duartismo. Pero, a final de cuentas, el balance político no le es favorable, porque no examina y mucho menos actúa social y políticamente para oponerse al manejo de la deuda pública y explicarle a la sociedad en qué consiste la postración de un poder tan importante como el Judicial, que sigue de rodillas.
Pero Maru cree que los chihuahuenses nos alimentamos de reformas de bagatela, como la que recientemente se aprobó en el Congreso.
El poder judicial, así con minúsculas, sigue en un pronunciado proceso de retroceso y descomposición iniciado con el gris José Reyes Baeza y su “ley Acosta”; acentuado al punto del descaro y el servilismo con Cesar Duarte y su ujier Javier Ramírez Benitez, relevado luego por los políticos amigos de aquél, entre los que jugó un papel principal José Salcido, quien, con el abierto e interesado apoyo de Pablo H. González Villalobos y su grupo cercano, encabezó un verdadero “abordaje” del poder judicial por parte de los mercenarios funcionarios electorales que entonces lo acompañaban y que posicionó en puestos clave del tribunal, excluyendo a funcionarios judiciales de carrera con mayores merecimientos; continuado luego, durante el quinquenio perdido de Corral y sus alfiles Lucha Castro, Norma Godínez y el mismo Pablo H. González.; y ahora retomado por la titular del ejecutivo y un congreso conformado (para variar) con una mayoría incondicional, que no escucha, en la que continúan nadando los partidos rémoras que se venden con tal de recibir parte de los beneficios que vendrán (¿cuál será el pago a los Aguilar del pt y a los “ciudadanos” en movimiento por interés?). Todo esto, desafortunadamente, con la pasividad de los colegios de abogados, la apatía ciudadana y el silencio ya tradicional e histórico ¿cómplice, indiferente o afincado en el comodino estatus que dan la posición y el ingreso?) de los magistrados que integran el Pleno del Tribunal, un órgano colegiado que desde hace mucho tiempo dejó de ser factor de peso para el avance de la función jurisdiccional y cuyos integrantes, incluso los que tienen alguna trayectoria decente, no atinan ni siquiera a opinar de un tema que les atañe y que afecta negativamente a una institución que se supone representan, simplemente porque no les interesa el derecho de los chihuahuenses a una justicia imparcial y de calidad o porque callan nunca han logrando concebirse como parte de un verdadero poder del Estado, quizá el que más compromiso debería mostrar con la sociedad.