Con la firma del reportero Jesús Manuel Ruiz, El Heraldo de Chihuahua publicó un reportaje donde da a conocer 25 irregularidades en la llamada “Ciudad Judicial”, recién inaugurada por Enrique Peña Nieto, que se supone jamás inaugura obras inconclusas. Para el mismísimo organismo Protección Civil del Estado algunas de esas anomalías a la vez que son graves pueden poner en riesgo la vida de las personas, funcionarios, empleados y en general quienes acuden a los servicios en principio se suponen de justicia. De hecho, no podrá ser utilizado el edificio mientras no se corrijan esas fallas, y hasta el mismísimo impostor José Miguel Salcido Romero, ha tenido que reconocer que la realidad va en esa dirección. La ventilación del edificio es impropia, lo que puede provocar la acumulación de gases en el estacionamiento subterráneo; hacen falta salidas de emergencia, los peraltes son inadecuados en terrazas, lo que puede provocar caídas de la gente; los sistemas eléctricos y electrónicos no se han terminado y son insuficientes las escaleras de emergencia.
En otras palabras, padecemos una burocracia ineficiente que se precipita por actos protocolarios de inauguraciones, rompimientos de moños, develación de placas, y más, cuando lo importante es que las obras estén bien hechas y colmadas a plenitud en todos sus aspectos. Dicen que la Ciudad Judicial costó 2 mil millones de pesos. ¿Fueron insuficientes para alcanzar la calidad total? Parece que sí y hay una razón: la corrupción política.