La frontera mexicana con Estados Unidos ha configurado un tema de interrelación conocido como “la conexión”. Tanto los gobiernos de la faja fronteriza mexicana, como los del sur estadounidense, aspiran a gestionar y realizar sus proyectos económicos y sus visiones políticas sin acudir a la Ciudad de México o a Washington, en su carácter de capitales, y entonces optan por entendimientos sin “intermediarios”, lo que le da protagonismo a los gobiernos locales de uno y otro lado.
Por ejemplo, se está realizando la investigación de nuestra frontera con los Estados Unidos respecto de eso que se llama “la conexión” que tiene el estado de California y que nos habla de mejores perspectivas, pero no así de la amplia conexión con Texas, que se ha convertido en una fortaleza poderosísima del Partido Republicano, la ultraderecha, el trumpismo y el racismo.
Con ese antecedente, el Estado mexicano ha de tener una bien definida política que visualice la particularidad texana, desde luego dentro de sus competencias soberanas; así mismo, y por razones geopolíticas, el comportamiento del gobierno chihuahuense debe ser revisado con lupa.
Digo esto porque la gobernadora Maru Campos no ha perdido oportunidad de relacionarse con el gobernador texano Greg Abbot, tanto para temas migratorios como de naturaleza estratégica, ya que los texanos de alguna manera se siguen concibiendo a sí mismos como parte de una república que toma sus decisiones, ignorando a Washingto, y ahí, obviamente que el territorio chihuahuense juega un papel y hay que cuidarlo. Es un punto de agenda de política exterior fundamental.
Todo esto viene a colación porque la gobernadora Maru Campos anunció que una empresa norteamericana, Mexico Pacific, invertirá miles de millones de dólares en un gasoducto que tocará, en territorio chihuahuense, los municipios de Ahumada, Buenaventura, Galeana, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes. Se trata de un gasoducto que atravesará la Sierra Madre Occidental y concluirá en Puerto Libertad en el estado de Sonora, entidad vecina que a su vez padece la sombra del conservadurismo de Arizona.
Cuando la gobernadora de Chihuahua, en esta fase, hace la declaratoria de la inversión estadounidense, pretende ataviarse con vestido ajeno. Y si bien es cierto que puede ofrecer incentivos, en realidad el gasoducto, de llegarse a concluir, demostrará que poca injerencia tendrá el gobierno local, salvo que haya una reacción contraria de los habitantes de diversas regiones en defensa de sus tierras y el medio ambiente, para lo que el estado sólo tendrá que jugar el papel de policía.
Es un asunto a no perder de vista.