No dudo que efectivos de la seguridad pública de Chihuahua se afanen por superarse profesionalmente, y hasta me da gusto. 

Pero de lo que no dudo, también, es del uso y abuso que se hace de las premiaciones y certificaciones que los gobiernos buscan o compran para legitimarse por el deficiente o gris desempeño en brindar seguridad a la sociedad y sus ciudadanos. 

Y la duda es más que fundada si se visita múltiples poblados y ciudades de la vasta geografía chihuahuense donde se reportan las ausencias del estado y del gobierno en la materia que me ocupa. Ven, por supuesto, con muy buenos ojos que organicen diplomados, se obtengan maestrías y se logren doctorados –por cierto, hoy a la baja, porque muchos son papel mojado–, pero sufren la terca realidad que los atosiga en el barrio, la ranchería y la ciudad, donde es frecuente que esos grados académicos no sirvan absolutamente para nada y sí, en cambio, para hacer méritos que dan por resultado sueldos mayores que no se corresponden simétricamente con el combate eficaz a la delincuencia. 

Así las cosas, tanto el nuevo secretario de seguridad Emilio García Ruiz, como César Peniche y Óscar Aparicio, cuyos fracasos son muy conocidos, podrán enorgullecerse, buscar confianza, exhibir títulos, pero hay una realidad inocultable a la que no se le puede tapar con un diploma, así sea del extranjero y con apariencias de neutralidad.