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La tragedia del 5 de octubre de 2013, como mejor se le debiera conocer, continúa exhibiendo la gran corrupción del gobierno de Chihuahua, así en general. Es lamentable que se dé en el marco de una tragedia que aún estremece al estado. El periódico El Heraldo trae el día de hoy, a ocho columnas, una reseña de cómo Eduardo Guerrero Durán –director de las muy certificadas penitenciarías del estado– lucró a través de su empresa particular llamada “Safe It”, vendiendo un servicio que jamás prestó, pues sus agentes jamás llegaron a prevenir percance alguno. En tres días de simulación se embolsó un millón de pesos, en números cerrados. Es importante que esta denuncia del medio señalado se esclarezca en todos sus detalles y no simplemente sea la expresión de los ajustes burocráticos que se realizan al interior de la Fiscalía General del Estado. Reviste la mayor importancia si tenemos en cuenta que el sonorense en apuros, Eduardo Guerrero, es un publicano al servicio de César Duarte, y no precisamente del corte de Mateo el evangelista. Él, en tiempos de cacicazgo recoge tributos para el César. El caso tiene la mayor trascendencia; por eso se debe ir a fondo.

 

Salcido Romero, rodeado de doctores

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Y ya que rememoramos textos neotestamentarios, tenemos que el presidente impuesto en el Supremo Tribuna de Justicia del Estado, celebró su reunión con los doctores de la ley. Firmaron un convenio, de los que seguramente vendrán a pasto, que en las crípticas notas periodísticas de los medios a sueldo, se deduce que convinieron para seguir conviniendo algo que conviene convenientemente. Ojalá y no vayan a estar los lectores en aquella confusión en la que caían hace tiempo no pocos, al creer que un médico legista era un doctorcito en Derecho. Se trata de acciones cosméticas para aparentar que mucho se trabaja, aunque en realidad todo continúa en la más grotesca dependencia del Poder Judicial en el estado de Chihuahua.