Aunque no sea el punto final y menos si carece de transparencia, estaremos abocados a dilucidar un desenlace definitivo para que no quede como simple lavado de cara, el reciente anuncio de que el Banco Unión Progreso desaparecerá, según la petición de sus socios enviada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), confirma una vez más que el objetivo apuntalado en la denuncia presentada por Unión Ciudadana el 23 de septiembre de 2014 ha tenido correctamente sus efectos, hasta hoy más por el derrumbe natural de un grupo financiero cuyas bases eran débiles, por falsas y corruptas, que por la voluntad política del pasado y cómplice sexenio priísta, cuya implicación ha de ser escrutada y sancionada por las autoridades federales que pretendan marcar la diferencia.

Esa falta de voluntad política y la personalización del “combate a la corrupción” también ha estado presente en la cuestionable parsimonia del gobierno panista local, que vive la paradoja de haber obtenido el poder mediante la apropiación electorera del estandarte antiduartista y no actuar francamente contra los principales operadores del mayor desfalco al erario en la historia de Chihuahua; sin contar las complicidades del panismo cupular con el duartismo político, encarnado en un grupo que aún permea en la burocracia y en la nómina, o en el beneficio, ilegal e inmoral, que provee protección a personajes como el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, bajo la figura de lo que en términos coloquiales se conoce como “testigo protegido”.

La decisión de desaparecer dicho banco en sí misma revela otros aspectos: la presión en la que los mismos socios vivían desde el nacimiento mismo de su organización financiera y los convenientes e inconvenientes de sostener una entidad cuyos orígenes resultan tan reprochables como incómodos frente a las nuevas autoridades de la federación, que también dicen enarbolar la bandera anticorrupción.

La derrota, diría un clásico de la política chihuahuense, no tiene amigos. Y el derrumbe del PRI, en este caso primero en Chihuahua y luego en todo el país, ha debido encenderles las alarmas a los socios de ese banco, cuyos padrinazgos fueron derrotados en las urnas de manera paulatina. Es una decisión que parece haber sido tomada en el Consejo que tiene su sede en Delicias, pero que bien podría haber sido sugerida desde algún cubículo de la mismísima CNBV. Porque las sospechas sobre esta institución surgen desde el momento en que autoriza un banco a sabiendas del conflicto de intereses detectado por una calificadora de riesgos estadounidense como Moody’s, todo ello documentado suficientemente (http://jaimegarciachavez.mx/?p=1866) en la prensa por Unión Ciudadana, convertida desde el mes pasado en Asociación Civil.

Moody’s Investors Service realiza investigaciones y análisis financieros a nivel internacional de las entidades comerciales y gubernamentales y el 17 de enero de 2014, en referencia a Unión de Crédito Progreso, afirmó que “las calificaciones también incorporan preocupaciones en torno al gobierno interno por motivo de la exposición potencial de Unión Progreso a conflictos de interés derivados de las relaciones que existen entre los accionistas de la unión de crédito y algunos funcionarios del gobierno del estado de Chihuahua, donde se ubica la sede de la entidad”.

Como se señaló entonces, esa era una obviedad en el caso de Jaime Ramón Herrera Corral, dado el cargo público que desempeñaba al momento del informe de Moody’s, que además señaló la calidad de accionistas a funcionarios del gobierno del estado, como se desprende del fideicomiso número 744743, instituido en Banorte por el matrimonio César Duarte-Bertha Gómez, objeto de la denuncia penal de Unión Ciudadana.

Un mes después, el 25 de febrero de 2014, Moody’s retiró todas las calificaciones de Unión de Crédito Progreso, S.A. Organización Auxiliar de Crédito, incluidas la “calificación de fortaleza financiera de bancos intrínseca”, entre otros rubros. Cabe destacar que el periodo de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar la calificación de Unión Progreso es del 01 de enero de 2009 al 30 de septiembre de 2013 (fuente: Moody’s, CNBV y Unión Progreso) y que las fuentes y partidas de información utilizadas para determinar las calificaciones incluyen estados financieros internos de 2012 y 2013 (fuente: Moody’s, CNBV y Progreso); estados financieros al cierre de los ejercicios 2012 y 2011 (fuente: Moody’s, CNBV y Unión Progreso); estados financieros e información sobre posición de mercado (fuente: CNBV) e información sobre capital regulatorio (fuente: Unión Progreso).

Jaime Herrera fue nombrado secretario de Hacienda por César Duarte el 9 de octubre de 2012, pero actuó a nombre de las instituciones privadas que pretendían fusionarse en banco, como Unión de Crédito Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V.; Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular, Casa Única de Cambio, S.A. de C.V.; Actividad Auxiliar del Crédito y Multiopciones de Servicios Progreso de Delicias, S.A. de C.V. La solicitud, firmada por Herrera ante la CNBV, siendo socio de Unión Progreso y secretario de Hacienda al mismo tiempo, data del 19 de diciembre de 2013.

Pero ante las evidencias, la CNBV aprobó, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de marzo de 2014, la autorización para la organización y operación de la institución de banca múltiple Banco Progreso de Chihuahua, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Por la prensa nos enteramos de que el Banco Unión Progreso dejó de otorgar, sin explicaciones, créditos agropecuarios, a pesar de “tener pruebas” de que no está en bancarrota. El refranero popular es rico en descripciones para este tipo de maniobras, como el de la mula que no era arisca pero la hicieron. En términos llanos, los chihuahuenses ya sabemos cómo adquirió ese grupo financiero su “fortaleza”: aparentando ingresos, repentinamente multimillonarios en periodos relativamente cortos, mediante la inyección de recursos públicos ordenada por César Duarte y operada por el protegido del corralismo, Jaime Herrera Corral.

La solicitud de desistimiento fue enviada por los socios desde septiembre pasado y el viernes 4 de enero fue dado a conocer por la CNBV, cuya institución debe muchas explicaciones a los chihuahuenses sobre su proceder.

Esta historia, entonces, tiene aún páginas por escribirse, pero no será Unión Ciudadana quien retarde ni encasille el tema para provocar el avance de los acontecimientos. Es en la oficina de Javier Corral donde parece catapultarse la detención de Duarte hasta el 2021 y se protege al gran orquestador de la quiebra, el endeudamiento y el robo del dinero público, Jaime Ramón Herrera Corral.

La razón jurídica está del lado de Unión Ciudadana. Los hechos lo confirman, nosotros estaremos pendientes de todos y cada uno de los pasos que tome este escándalo, precisamente para que en el futuro no quede como una simple limpieza de cara, de esas que ahora se llaman “reingenierías” jurídicas y financieras.