El síndrome Gómez Farías
La desaparición del médico Blas Juan Godínez Loya es el síndrome del fracaso de las instituciones de seguridad en el país y en el estado. En sí mismo, su secuestro y el silencio que se advierte en su situación concreta, es un hecho que llama poderosamente la atención, particularmente a la hora en que en la república se ha promulgado la Ley Federal en Materia de Desaparición de Personas.
Todos queremos y exigimos que el galeno aparezca con vida, pronto se reinstale en sus actividades y se garanticen las condiciones en una región de Chihuahua sustraída a la presencia del Estado para garantizar la vida, los bienes y la seguridad de las personas. Hoy sabemos que esto no es así y también que el monopolio de la fuerza ya no lo tiene el gobierno. El crimen tiene a su favor la movilidad de la guerrilla en este conflicto de naturaleza económica que el gobierno obstinadamente se niega a reconocer, a sabiendas de que el sol no se puede tapar con un dedo.
¿Y por qué afirmo que es un síndrome? Hay una razón sencilla y la ha puesto en el tapete de la discusión Juan Blas Godínez, hijo del plagiado y también médico en el municipio de Gómez Farías; lo ha dicho con todas sus letras: solicita la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para que se apliquen los protocolos internacionales en favor de quienes prestan auxilio a la salud en medio de un conflicto armado. A algunos esto les puede sonar a exageración, pero habrá que reconocer que sólo el que soporta una presión de esta naturaleza sabe las razones, entre ellas que se advierte que el Estado ya no dio el ancho para resolver estos problemas y que ha llegado la hora de aplicar convenciones internacionales para el desempeño de las tareas de salud y humanitarias que prestan médicos, paramédicos y personal de enfermería en un sitio donde la violencia se ha apoderado de la escena pública.
Es seguro que en las dimensiones de acción de la ONU el caso planteado cobre pequeñez y carezca de las dimensiones y prioridades que ocupan a la ONU, pero no es de descartarse que este clamor al menos nos traiga dos cosas: que tomemos conciencia de la enorme gravedad que hay en este tema y que la organización mundial registre y observe los hechos para futuras decisiones; no olvidemos que a la reciente promulgación de la ley de desapariciones forzadas acudió la representación de la ONU, que jugó un papel primordial para que hoy exista un marco jurídico que atiende este problema.
Tengo para mí que ni la federación, ni el gobierno local, ocupan el lugar que la ley les mandata. En el plano estrictamente local es más que evidente, al grado de que ya se pide que rueden cabezas; aunque es lo frecuente, nada se remedia con ello.
Por lo pronto, exigimos el regreso con vida del médico secuestrado con lujo de violencia.
