Corral – prensa: el desprecio mutuo
No le ha ido muy bien a la administración actual a la hora de convocar a trabajadores de los medios para conformar la Ley de Protección a Periodistas. Entre otras razones, dicen, porque estos no han visto con buenos ojos que se pretenda una normatividad en la que se incluya a defensores de derechos humanos. El asunto, afirman, no es por sectarismo de unos, sino por molicie y burocratismo de otros. Se trata de una ley que había estado en la congeladora del Congreso del Estado desde tiempos del innombrable. Sin embargo, una de las razones más poderosas es simple pero añeja: no hay credibilidad en las instituciones.
Es más, hay quienes incluso cuestionan si realmente es necesaria una ley en ese sentido. Por eso el gobierno federal, a través de Osorio Chong, “apresuró” al gobierno panista de Javier Corral a firmar el protocolo de protección a periodistas y derechohumanistas, discutido por el subsecretario de Gobernación Roberto Campa y criticado, por tardío, por organizaciones civiles e indígenas, entre ellas El Barzón, el de Gabino Gómez y Luz Estela Castro, hace un par de meses en palacio. El primer síntoma de la mala relación es que a los periodistas que cubrirían esa reunión no se les permitió el ingreso y tuvieron que esperar afuera, para cachar entrevistas al vuelo, de banqueta.
A pesar de las críticas, sin el consenso social, ese mecanismo se firmó finalmente el pasado viernes bajo el nombre de Plan de Contingencia para la Protección de Personas y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Nadie, ni los asistentes de la reunión de dos meses atrás, dijeron esta boca es mía. A decir de organismos de renombre como Article 19 y periodistas nacionales en lo particular, el mecanismo de protección no ha funcionado en la capital del país, donde ya “opera”, precisamente por falta de recursos, por confusiones en su implementación, pero sobre todo por la falta de interés de su principal promotor: el gobierno. El mensaje ulterior que acompañó a esa firma es que la ley que se cocina desde el Congreso y se discute en mesas de trabajo en varias regiones del estado, por cierto muy desairadas, es que periodistas y derechohumanistas van juntos en ella.
Sin embargo, el viernes pasado Corral fue desdeñado por los periodistas. La ausencia de comunicadores al evento que se supone estaba dirigido a ellos le valió a Corral incluso la sanción moral de Gustavo Sánchez Prieto, mejor conocido como “Padre Negris”, vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua, una voz que le pesa mucho al gobernador por su nivel de compromiso, personal y político, con la iglesia de sus filias.
El actual desprecio mutuo tiene conexiones claras con la historia recientísima de la relación entre prensa y poder: César Duarte invirtió onerosos recursos públicos para construirse una imagen entre la gente con la entrega –así, la entrega– de millonadas a los dueños de los medios de comunicación. Duarte cayó en el exceso, en un dispendio tan majadero que llegó a establecer casi como norma de comportamiento el pago de favores a la prensa con la falsa e inflada cartera de la pauta publicitaria. Organismos de investigación social con presencia nacional como Fundar y el propio Article 19 revelaron en un par de informes los excesos del sexenio pasado a la hora de castigar y premiar a los medios de acuerdo a una balanza personalista y no basado en criterios equilibrados de difusión institucional.
La gran mayoría de las entrevistas a modo, acríticas, que los medios hacían a Duarte, formaban parte de los contratos millonarios que este firmaba con los dueños de los medios, tanto impresos como digitales. Los reporteros, carne de cañón, en cambio sobrevivían –sobreviven– con sueldos raquíticos y en condiciones laborales que dejan mucho qué desear, salvo honrosas excepciones. Ahora, en el extremo, algunas asociaciones de periodistas, afines en su momento al duartismo y al priísmo de antaño, demandan, como si de una burocracia se tratara, prestaciones sociales como vivienda y salud. Y los dueños, por supuesto, reclaman del presupuesto para poder sobrevivir ante la falta de creatividad en sus contenidos y la nula diversificación de su comercialización. O sea, la gran mayoría se acostumbró a vivir del erario, a que el gobierno tutelara no sólo su supervivencia. De modo que hoy tenemos a medios, especialmente algunos digitales, cuyos dueños empezaron en pequeños cubículos caseros, en oficinas modestas pero que en seis años –los de Duarte– construyeron costosos complejos de producción audiovisual en zonas residenciales.
Esa relación, esos vicios, también también forman parte del saldo rojo en los tabuladores políticos de la herencia duartista. El problema estriba en que Corral, ni con la agencia AP (Antonio Pinedo en Comunicación Social) ha podido restañar esa mala relación, y ni siquiera hay indicios de querer resolverla. No sólo eso, a veces da la impresión de alentar esa perversión, de enfrentarla de manera provocativa. Y el saldo, otra vez, deja a una ciudadanía expectante, con aspiraciones no cumplidas de contar con mejores modos de informarse. Es, a final de cuentas, un enfrentamiento en el que el lector, el ciudadano, no cuenta. Y es con estos con quienes aquellos actores tienen una deuda enorme.
