No obstante que la Constitución prohibe los actos de molestia que no se apegan a sus normas, suele suceder que después de todo evento trágico (como el muy lamentable ocurrido recientemente en Monterrey), las autoridades sólo piensen en medidas que nos hablan muy claramente de su gran vocación en favor de un Estado policiaco. Unos las hacen y frecuentemente se benefician de la impunidad, pero la inmensa mayoría la paga con actos cotidianos, como son los retenes, redadas, injerencia en festividades juveniles, intervencionismo social, revisiones en las entradas y salidas de oficinas públicas, pasos obligados por arcos detectores de metales y escáneres en dependencias y aeropuertos, para sólo mencionar un ramillete con el que pretenden que la sociedad tenga por cotidiano estar permanentemente maltratado por policías de todos los órdenes, casi casi como si nos estuvieran preparando, siguiendo a Pavlóv, para vivir en una dictadura que se pretende anunciar con estas acciones.

La más reciente decisión en nuestro estado es la colaboración de los tres “órdenes de gobierno” para vigilar a la sociedad. Y en nuestra escala municipal, la orden expedida por María Eugenia Campos Galván para revisar las mochilas de los infantes y adolescentes que concurren a las escuelas. Hasta ahí llega su imaginación en materia de seguridad, pero no solo; también se arriesga a sustentar: “registramos cosas muy personales de los niños para atender los derechos humanos y su privacidad para protegerlos de esta situación primero (sic) la seguridad de sus niños y la de las familias chihuahuenses”, cuando justo es, precisamente, lo contrario.

Con estas acciones Campos Galván quiere engañar a la sociedad chihuahuense de que su gobierno se preocupa prácticamente por todo, pero se trata de acciones oportunistas y de relumbrón. Simplemente imagine el que esto lee, el número de escuelas existentes en el municipio y los agentes que puedan desempeñar tan vasta tarea, descuidando –así sea por horas, que multiplicadas resultan muchas– los puntos donde la delincuencia actúa. Todos sabemos y padecemos la ausencia de la policía preventiva a lo largo de jueves, viernes y sábados que no acuden a disuadir conflictos en las colonias, más si son de precaria condición. Pero además también es fama pública que suelen llegar cuando ya todo pasó y autoprotegiéndose de correr los riesgos que todo policía asume cuando ocupa el cargo. Quizá también esté pensando en reclutar padres de familia para funciones voluntarias de vigilancia y castigo.

Cuando se da un acto de terrorismo, de agresiones violentas como los de Cancún y Monterrey y otras de índole similar, lo primero que sucumbe es la vigencia de los derechos humanos y la población se tiene que tragar literalmente la arbitrariedad y la falta de un auténtico programa de seguridad ciudadana. Esta vorágine pone en riesgo la convivencia humana y vulnera un orden jurídico en el que, obligadamente, la facultad punitiva tiene que estar apegada a un profundo sentido democrático, porque es bien sabido que los que no tienen una visión de Estado y sólo un proyecto de poder personal, como el que se esconde en el marujismo, van sorteando el día a día con despropósitos como el que aquí comentamos: la revisión de las mochilas, tras de lo cual pueden venir los perros y toda clase de actos de molestia que la ley prohibe expresamente.

Pareciera que la alcaldesa se inspiró en la tonadilla de la niña de la mochila azul. ¡Qué te pasa, chiquilla, qué te pasa!