José Luis Armendáriz debe abandonar la CEDH
Existe una deuda con Chihuahua: la salida de José Luis Armendáriz de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Él, al frente de la institución, tiene un historial de complicidades y obsequiosidades con el poder que lo convierten en un obstáculo para la protección de los derechos humanos en el estado. Los seis años que acompañó al duartismo serían causa suficiente para que deje el lugar en favor de alguien que realmente lo quiera ocupar, para cumplir a cabalidad con el cometido tan importante en una entidad en la que ha tenido escenario la guerra, el desplazamiento de pueblos, el abuso policial y militar, la desaparición forzada de personas y la desatención de expedientes que trabó el poder para que no hubiera molestas recomendaciones.
Cuando Unión Ciudadana planteó la Queja por la violación al derecho de manifestación pública, producto de los hechos del 28 de febrero de 2015, cuando César Duarte desplegó a sus porros para agredir a diestra y siniestra, la organización fue puntual al presentar en el ámbito local la denuncia de los acontecimientos y la acreditación de tales violaciones y, a la vez, la petición de que se declarara incompetente porque no se le tenía –no se le tiene– confianza al desempeño de José Luis Armendáriz. Fue así que el asunto se trasladó a la CNDH sin que hasta la fecha se haya emitido recomendación alguna. Realmente, y para ser justos, tampoco hay gran satisfacción con la entidad nacional, pero sin duda el malestar es mayor con lo que sucede localmente.
Armendáriz se ha querido mostrar habilidoso y hasta ha intentado contemporizar con los tiempos y el discurso que corren en el mundo oficial. Pero eso no lo salva de su calidad de obstáculo; ciertamente tiene un periodo que transcurre en su favor, sin embargo el reclamo se escucha en muy diversos foros y se alimenta a la historia real de lo que hace el funcionario que proponemos termine anticipadamente.
Este comportamiento se desplegó con motivo del violento homicidio del que fue víctima el reportero Adrián Rodríguez. Pretendiendo dar coherencia a su desempeño, dice que hasta se debe garantizar el trabajo periodístico, cuando es claro que no tiene compromiso genuino al respecto. Vale también recordar que hasta se da el lujo de comparecer ante el Congreso del Estado para “expresar” la necesidad de desarrollar acciones preventivas para erradicar las agresiones de servidores públicos hacia reporteros, en lugar de trabajar realmente en lo que es de su ámbito competencial.
En particular, y tratándose de la agresión fatal que privó de la vida a un periodista, Armendáriz dice que hay un temor latente debido a las condiciones en que trabajan los comunicadores, pero no se ha visto que su institución reme en favor de que esas condiciones verdaderamente se mejoren. Al respecto está la Queja del periodista Oscar Hernández Pérez, quien fue agredido por órdenes de César Duarte y privado de su material impreso y que, agotada la investigación, esta duerme el sueño de los justos en una gaveta de las oficinas de la CEDH. Pero hay más ejemplos para documentar la necesidad de darle una nueva dimensión a la institución, que en realidad ha estado a la disposición del poder y, en los últimos años, postrada a un cacicazgo.
