Raúl Cervantes Andrade, en un procedimiento que más parece un asalto que un nombramiento justificado transparentemente en la sociedad, es ya el nuevo procurador general de la república. Sustituye a la señora Arely Gómez, como ya es del dominio público.

Desde el balcón chihuahuense la reciente designación ha causado preocupación por el giro o destino que pueda tener la averiguación previa AP/PGR/UEAF/001/2014-09 que se inició con la denuncia de hechos presentada el 23 de septiembre de 2014, por corrupción política, en contra de César Duarte, Jaime Herrera Corral y Carlos Hermosillo Arteaga. Esa preocupación nace, con hechos objetivos, por la cercanía de Cervantes Andrade con el exgobernador, lo que en estricto rigor lo debería llevar a declinar del conocimiento del asunto por la relación estrecha que existe y es demostrable.

Pero hay un dato que le da gravedad a este hecho: Cervantes Andrade tuvo, como dicen los abogados, conocimiento previo y privado de la denuncia, producto precisamente de la fraterna relación que llevan por ser miembros del mismo partido y los vínculos que se nos han comunicado y que pueden documentar una historia particular.

Pero todavía lo más grave es que probablemente en algún momento Cervantes Andrade pudo haber llegado a ser el abogado asesor del mismísimo Duarte, lo que haría juez y parte al nuevo alto funcionario; o lo es, mediante el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana. Esto significa, ni más ni menos, que una noticia que Peña Nieto genera con el polémico nombramiento, resulta una puñalada en la espalda al pueblo de Chihuahua.

Tres procuradores al hilo, lentitud, justicia diferida y ahora complicidad manifiesta.