Contra derechos humanos, tiempo nublado en México

A contrapelo de la orientación derechohumanista del constitucionalismo mexicano a partir de la reforma de 2011, se mueve el gobierno de Enrique Peña Nieto. Indiscutiblemente se avanza con los soportes que aporta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si no de manera completa, al menos sí abriendo importantes espacios, como también son de reconocerse los pronunciamientos de organismos internacionales con los que el Estado mexicano tiene compromisos ineludibles. Confluyen en todo esto también los aportes de entes prestigiados en la arena mundial como los muy recientes de Amnistía Internacional sobre desapariciones forzadas, que develó, dicho sea de paso, la malhadada centralidad que este fenómeno tiene en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.

En estos días se dio a conocer el informe denominado Situación de derechos humanos en México emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se trata de un texto riguroso, como suelen ser los que formula, y dictado en el ánimo de preconizar precisamente el problema de los derechos humanos para su acatamiento. Nada más lejos en el informe que un propósito que se salga de las pretensiones de practicar un antigobiernismo, desestabilizar o desprestigiar en la escena del sistema interamericano a la administración de Peña Nieto. No entender esto es ponerse de espaldas al abecé de la articulación mundial que busca escoltar las decisiones gubernamentales con un sentido derechohumanista, más cuando esto obliga por compromisos pactados espontánea y multilateralmente.

Al parecer, al gobierno de Peña Nieto le molesta la vieja máxima pacta sunt servanda, es decir, que los compromisos se firman para cumplirse, no para evadir obligaciones, mucho menos para expresar desazón, contrariedad, cuando se le ponen nombres y apellidos a las cosas. En el fondo está la idea de que agencias como la CIDH o sirven para maquillar gobiernos o no sirven para nada, y por ese rumbo convertirlas en instituciones totalmente a modo y lesivas en más de un sentido. La CIDH ha emitido un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país que contiene datos que duelen, y no puede ser de otra manera cuando se refiere a una realidad que aquí está, que se puede negar mil veces pero de todas maneras ahí está presente, lacerando, dañando las relaciones de la sociedad, las personas, los ciudadanos con el poder, en este caso el que ejerce Peña Nieto y que, dicho sea de paso, lo único que busca es salvarse del naufragio.

La CIDH habló claro. Veamos:

“Analiza la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México, con particular énfasis en desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad. También aborda la situación de los derechos humanos de algunos grupos poblacionales especialmente afectados por la violencia en el país, incluyendo defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. También se analiza la situación de asesinatos, violencia y amenazas contra periodistas, que ha hecho que México sea considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”.

Y agrega, sin dejar de reconocer en su perspectiva lo que pudieran ser logros en ciertas políticas públicas, que “la respuesta estatal sigue siendo insuficiente para enfrentar esta grave crisis de violencia e impunidad”. Al respecto también hablan las cifras: “La CIDH ha recibido información alarmante que indica que el 98% de los delitos en México no llegan a tener una sentencia condenatoria”, y a mi juicio remata bien el informe cuando asienta que durante su visita a México, la CIDH pudo constatar que la desaparición de personas en grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado “niveles críticos”. Se indica que “según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, las personas ‘no localizadas’ en México, al 30 de septiembre de 2015, son 26 mil 798” y que “en agosto de 2014, cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) arrojaban 22 mil 322 personas ‘no localizadas’. Las cifras oficiales proporcionadas, dice la CIDH, junto con la información recibida de diversas regiones del país “evidencian que las desapariciones son generalizadas en México” y que “especialmente grave es la información amplia y consistente recibida por la CIDH sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas, es decir, a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas. La respuesta estatal a esta situación presenta graves deficiencias”. (Lea el informe completo).

Bien se sabe que la verdad, como se dijo hace milenios, engendra y pare su propia ojeriza. Es el caso del comportamiento observado en las altas esferas del peñanietismo. Se quejan del informe, no lo aceptan. Y es que, sin duda, el mismo contribuye a esclarecer la realidad que padecemos todos aquí en el país. Pero digan lo que digan, la autoridad no la tienen ellos en este tema, viene de afuera, no está bajo control gubernamental como tantas otras cosas, y eso causa la molestia que si fuera nada más la incomodidad de los funcionarios no pasaría a mayores, pero la realidad nos dice que la recepción que tuvo en el gobierno el informe sobre los derechos humanos, nos lleva a pensar, lejos de la simple conjetura, que hay un tiempo nublado contra los derechos humanos en el país. Se deja ver en estas palabras: “Se esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció”, vergonzosos términos emitidos conjuntamente desde la Secretaría de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong), la PGR (Arely Gómez) y la Cancillería, a cargo de la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, Claudia Ruiz Massieu Salinas.

En qué cabeza cabe esperar de un organismo internacional palabras exclusivamente laudatorias (así entienden la objetividad) cuando lo que hay en México precisamente requiere de estas observaciones veraces y críticas, por una parte; respetuosas y neutrales, por otra, para enmendar y corregir rumbos. Pero al peñanietismo esto le molesta por una sola razón: su veracidad y porque desmiente a un discurso falaz y mentiroso. Preocupante es además que no es la primera vez que este gobierno entra en colisión con informes de esta naturaleza. Ya es una actitud que empieza a tornarse sistemática.

Cuando hablamos de tiempo nublado, lo que queremos decir es que los derechos humanos están en riesgo en el país, que soplan vientos de endurecimiento de los cuales hay que hacernos cargo, lejos de aquella observación hecha durante la Guerra Fría de que los derechos humanos son simple palabrería. Pero cuando se les transgrede, todo mundo grita para abanderarse con ellos. Por lo pronto, hay que levantar la voz para exigir que se cumplan, y a la Cancillería exigirle que no juegue, que cumpla con sus obligaciones internacionales.