“Donde el peligro crece, crece también lo que salva”, dijo el gran Holderling. El periodismo, los comunicadores, los que ejercen esta profesión en México están en riesgo permanente. Aparte de los obstáculos que han de sortear a cada paso en el desempeño de su trabajo, tienen que contabilizar cotidianamente la inminencia de sufrir un daño que puede ir desde perder la vida, hasta sufrir lesiones, discriminaciones, insultos, y cualquier cantidad de actitudes hostiles que demonizan en concreto a las personas que lo ejercen.
Gobernantes, políticos facciosos, clérigos fundamentalistas, criminales organizados y empresarios prepotentes que se asumen intocables, son los sujetos activos de las agresiones. Enumero una lista reducida. Pero no solo, también los propietarios y directores de medios llegan a incurrir en esas prácticas. Suele suceder que ellos saben de negocios -lícitos e ilícitos-, y reducen la libertad de prensa a comercio e industria y solo piensan en sus intereses. El régimen salarial de los comunicadores está precarizado, con puertas cerradas al profesionalismo y el arma del despido siempre se blande amenazante.
Un común denominador a todo eso es la impunidad, la ausencia de una justicia eficaz y de reales mecanismos de protección para los que sufren en carne propia este mal endémico en el país, sean hombres o mujeres, no hay barrera de generó aunque pareciera que ahora los criminales se están cebando con las féminas periodistas, como lo muestra el cobarde homicidio -afuera de su casa- de Lourdes Maldonado en la ciudad de Tijuana de la península californiana. Ese crimen sembró al país y movilizó en muchas ciudades a los trabajadores del gremio. Se sabe cierto que el exgobernador Jaime Bonilla, de Morena y protegido por el presidente de la República está bajo sospecha. De nada sirvió que pidiera protección a López Obrador. Hasta ahora siempre que se da esa circunstancia se topa con pared, con grueso muro.
Ningún gobernante mexicano, muy dados al cinismo, le dirá a los periodistas que no se empleará el poder del estado para velar por la seguridad de quienes cubren la importante tarea de la comunicación en sus diversas especialidades. Pensemos, por un momento, que son genuinos y sienten empíricamente el reclamo -pocos casos, tengo para mí- pero siempre quedará flotando la pregunta: ¿Pueden hacerlo, pueden cumplir la palabra empeñada?
Descreo. Porque en general son cómplices de la prensa corrompida. Es usual que haya un trasiego de dinero público que termina en las arcas de los dueños de medios y eso hace vulnerables a quienes trabajan en ese tipo de empresas. Forman parte del delito, visualizados así injustamente. Los mismos dueños de los medios tienen la canonjía de colocar burocráticamente a sus cuadros como voceros oficiales en el entramado de la administración. En secreto o impúdicamente tienen trato ilícito, manchando en general la comunicación y desprotegiendo a sus leales servidores indicándoles por donde está el camino de la prostitución profesional.
La relación empresa-trabajador de la comunicación es de subordinación para que se aboquen a la tutela de los llamados intereses creados, dentro de los cuales se ubican todos los poderes llamados fácticos, como ya lo apunté. Se amparan en la impunidad ancestral y eso debe terminar.
En el medio no hay una solidaridad plena y sí mucha competencia ruin. Los propios periodistas se han de organizar para postular públicamente cuáles son las zonas de conflicto y, lo más delicado, trazar un esquema de seguridad escrupulosa y advertir al poder público de quienes están en la mira, expuestos a la agresión, precisamente para velar por su integridad, garantizando que no se abandonen los temas que causan las amenazas y la factibilidad de que se cumplan. No hay que dar lugar a que se propalen el temor y la claudicación misma que dañan al periodismo y finalmente a la sociedad, a todos. Lo que no hagan los periodistas por sí mismos no losará nadie.
El buen periodista no se asume como un privilegiado, pero tampoco debe dar pábulo para que se ejerza cualquier tipo de violencia en su contra. El gobierno no tiene ni el aparato y sostengo que tampoco la voluntad, para darle vigencia a la palabras como las que pronunció la gobernadora Maru Campos. Su fiscal muy pronto exhibió que no da el ancho y si no sirve, el compromiso público de la goa. Es palabrería puro sin más.
El periodista que lo es a fondo tiene aun compromiso con la verdad y, como en alguna ocasión lo apunto Bertol Breca hay que atreverse por ella, darle pertinencia oportuna, eficacia y lograr la salvaguardia.
Esto solo lo pueden hacer ellas y ellos, los que están en la difícil trinchera.
8 de enero de 2022