Maru nos coloca ante la inminencia del tutelaje trumpista

Hoy el estado de Chihuahua vive una crisis precedida desastrosamente por la actuación de una clase política gobernante que ha antepuesto sus intereses de facción a los de los habitantes y ciudadanos de la entidad. En este ámbito podemos recordar el desempeño de Patricio Martínez, César Duarte, Javier Corral, y particularmente el gobierno actual de María Eugenia Campos.

Estamos hablando de casi un cuarto de siglo en el que no salimos del atolladero político en el que nos tienen sumidos. Hemos estado en medio de querellas estériles, preponderancia de la facciosidad, de la corrupción y, lo más lamentable, privados de nuestras libertades constitucionales para, como ciudadanía, salir adelante. 

No tenemos ni partidos políticos que representen intereses legítimos ni prensa libre. Si no fuera por hechos del azar que cobran relevancia, no nos enteraríamos absolutamente de cómo marcha la gobernanza en la entidad.

Hoy, después de los sucesos de El Pinal donde perecieron cuatro agentes (dos nacionales y dos extranjeros); de la obligada renuncia de César Jáuregui a la Fiscalía General del Estado; del emplazamiento declinado de la gobernadora para asistir al Senado de la república; y la proximidad de un proceso electoral fundamental para la renovación de los poderes locales en su totalidad, Chihuahua se enmarca en una situación institucional que queda indisolublemente vinculada al comportamiento que el gobierno de la república quiera asumir para encarar lo que a todas luces es una evidencia: el gobierno de Maru Campos se prestó de manera indubitable al gobierno norteamericano para que interviniera en el país.

En otra palabras, el precedente es gravísimo porque, como se dijo en esta columna oportunamente, Donald Trump está interviniendo en México valiéndose de las ventanas –que no la puerta principal– que le puedan prestar gobiernos estatales que le faciliten sus propósitos, largamente anunciados por la actual administración norteamericana en su política de combate al narcotráfico y a los cárteles que equipara con organizaciones terroristas.

La prensa vendida de Chihuahua divulga hoy una declaración de la gobernadora en la que se lee: “He gobernado apegada a derecho”, cuando lo contrario, en el grave caso que nos ocupa, ha transgredido la Constitución y algunas leyes reglamentarias en materia de seguridad nacional y de convenios de colaboración bilateral para hacerle frente al crimen organizado. Por ese motivo real es porque el fiscal del estado fue sacrificado, y por esa misma razón el futuro de la gobernadora está en un terreno más que sísmico, no obstante que se autoinvestiga para salir librada.

Pero los chihuahuenses, en este delicado momento, no se pueden quedar callados y permitir que todo esto se resuma en un simple reacomodo del poder en el estado sin que las cosas giren en la dirección que convengan a los intereses de Chihuahua, sus habitantes y sus ciudadanos con derecho a decidir todo lo que corresponda a la cosa pública.

Ya basta de acuerdos cupulares, de simples reajustes de poder, de traiciones, de saltimbanquis que, en esencia, a lo único que pueden conducir es a una crisis mayor que afectaría al estado y a la república.

Es obvio que María Eugenia Campos decline asistir al Senado, parte del Congreso de la Unión que tiene competencia en el desempeño de la política internacional del país, porque no tiene con qué ir a defenderse de las imputaciones jurídicas y políticas que se le puedan formular en un espacio en el que tiene todas las desventajas y ninguna posibilidad de salir bien librada. 

Por eso no asiste, porque como lo hemos dicho en esta columna, es la gobernadora que más ha humillado a los reporteros dando declaraciones en el umbral de una puerta por la cual puede desaparecer para mantener bajo control sus potenciales dislates, a pesar de tener comprada a la prensa.

Entonces, estamos en una situación que, siendo local en parte, trasciende a la vida nacional e involucra al gobierno de la república que encabeza Claudia Sheinbaum. 

Buscarle una salida airosa como las que se estilan en casos como este, sería sentar un pésimo precedente, porque el país quedaría a merced de un futuro tutelaje hegemónico de los Estados Unidos, sofocando el verdadero y esencial contenido de lo que es la soberanía, más allá del uso estéril y retórico que ha tomado en boca del morenismo, especialmente de los mandatarios que han ocupado la Presidencia. 

Esto apenas empieza. La presidenta ha dicho que se trata de un caso de excepción, sin adosarle a esta categoría los términos que lo expliquen sin dejar un ápice de duda. Si se llegase a decidir este carácter excepcional como algo que se pasará por alto a condición de que no vuelva a suceder, sería el peor antecedente de que vamos en dirección a quedar en manos del tutelaje al que me he referido. 

Es hora de que los ciudadanos, transversalmente incluidos, empiecen a mostrar un protagonismo que le ponga punto final a este caso y que atalaye bien hacia dónde quiere que transite la entidad.

Hoy el morenismo se puede frotar las manos y hasta puede ilusionarse con que la plaza chihuahuense les pertenecerá a partir de 2027. Pero esto podríamos verlo a la luz de sus potenciales dirigentes: por un lado Andrea Chávez, quien representaría otra reencarnación del PRI, con el agravante de apoyos que conectan con el grupo criminal, la Barredora, prohijado por Adán Augusto López. Y qué decir de Cruz Pérez Cuéllar, que a lo más sería una astilla del palo duartista.

De todos depende que esta tragedia anunciada no nos siga devastando.

___________

Nota: El cartón que ilustra esta columna pertenece al motero Waldo.