Desde 2011, por resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se celebra cada 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Es una fecha de poco conocimiento por la mayoría, pero está revestida de una altísima importancia y mayor preocupación, tanto para los familiares de las víctimas como de activistas y defensores serios de los derechos humanos, especialmente en nuestro país, que entre 2014 y hasta junio del 2015 había 597 casos de desapariciones de hombres y 233 de mujeres, y de cuya cifra 95 casos corresponden a denuncias por desaparición forzada de hombres y 11 de mujeres. Hasta junio de 2015, entre quienes fueron desaparecidos de manera involuntaria, ninguna de esas personas había sido encontrada con vida, según informes de la Procuraduría General de la República. A nivel general, desde 2011 se tenían reportados alrededor de 3 mil casos de víctimas de desaparición forzada y la cifra siguió en ascenso.
Entre muchos otros, el caso que incluso supera lo emblemático es de los 43 de Ayotzinapa, no sólo porque no ha sido resuelto sino empañado porque el Estado que prometió esclarecer los hechos y castigar a los culpables no ha cumplido y, en cambio, ha encontrado acaso ahí su punto de quiebre con la ciudadanía, germen del rechazo hacia un gobierno que jamás en la historia reciente del país había registrado niveles tan magros de aceptación a estas alturas del sexenio.
De acuerdo a criterios internacionales, las desapariciones forzadas forman parte de un clima generalizado de constantes violaciones a los derechos humanos, es usado como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos y como método de represión política. En ese contexto, el INEGI tiene registradas 115 mil 291 denuncias en el país por violaciones a los derechos humanos, tan sólo en el año 2015, en los organismos estatales, de las cuales Chihuahua ocupa el décimo lugar a nivel nacional con 3 mil 014.
En la entidad, pero particularmente en el municipio de Cuauhtémoc, en los últimos ocho años se han documentado alrededor de 309 desapariciones, de las cuales 286 corresponden a hombres y 23 a mujeres, que a su vez representan el 20.8 por ciento de los casos registrados en todo el estado de Chihuahua donde, de acuerdo a Amnistía Internacional y al propio registro del Sistema Nacional de Seguridad, la cifra general era hasta entonces de 1 mil 689.
Conforme a esas cifras, Cuauhtémoc, con 154 mil habitantes, se convirtió en el sexenio que culmina en el municipio con mayor incidencia en la tasa de desapariciones en el país (casi 2 por mes en los primeros años y 6 en los más recientes).
Sin duda, estamos en presencia de un asunto importante que recibió nulo tratamiento por parte del gobierno duartista y que ha de formar parte de una agenda privilegiada del futuro gobierno. Ojalá.
¿Qué significa esto? Que en México quien manda son los cárteles de la droga, así lo comenta Anabel Hernandez, y continua diciendo que hoy no tenemos ni siquiera una figura de gobierno que influya en esas cosas. Cada gramo de cocaina, de marihuana ilegal, de metanfetamina o de drogas sintéticas producidas en México que se trafican en todo el mundo, está matando y desapereciendo a mexicanos. A los cárteles de la droga se les está dando dinero para que compren balas y pistolas, para que desaparezcan y maten gente, para que compren drogas, para que sobornen a la autoridades mexicanas y para que siga esta vorágine de corrupción y de ambición. El gobierno, desde el sexenio de Fox, ha sido partícipe y cómplice de esto que nadie lo puede ocultar. Me parece que ésa es una de las violaciones a los derechos humanos más grave que está cometiendo actualmente el gobierno de Enrique Peña Nieto. La gente tiene derecho a información y no esta siendo informada. El gobierno mexicano debería ser juzgado.