Agentes de la CIA muertos: la narrativa de las mentiras

Doy por repetida la aseveración de que el asunto en el que murieron agentes de la CIA en territorio chihuahuense es grave, delicado, aleccionador, y agréguele usted los adjetivos que convenga. Lo que no se dice con la insistencia requerida es que no pasará a mayores consecuencias. La tendencia irá quedando en el imaginario como mera anécdota.

Ya he expuesto, no viene al caso repetirlo, el estatuto jurídico que rige este problema de intervencionismo extranjero en el país y las corresponsabilidades que atañen a los dos niveles de gobierno involucrados, el federal y el estatal.

Lo anecdótico será, en todo caso, que nada pasará, que no se fincarán responsabilidades y que vendrá a engrosar la retórica barata sobre la soberanía que ya está en circulación. Empero, algunos comentarios no están de más.

En primer lugar, el nombramiento de Wendy Paola Chávez Villanueva como la titular de la unidad especial creada por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para investigar el caso de los agentes de la CIA. 

Se pasó por alto, y esto en política como la que tenemos hoy es importante, que ella fue nombrada en 2016 por Javier Corral para dirigir la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia y sobrevivió en ese cargo en la transición maruquista.  Es de risa loca. 

Me permitió recordar que una decisión de este tipo se enmarca en aquella frase que reza así: “si quieres que algo no funcione, nombra una comisión”. Pareciera que Maquiavelo le habría recomendado esto a Maru Campos, pero no se hubiera ocupado de minucias tan insignificantes.

Cabría formular dos o tres preguntas para darse cuenta que la “comisionada” es un simple maquillaje barato para salir al paso frente a un problema y convertirse en un distractor más. Y la escogieron a ella. 

Aventuro dos preguntas: ¿Cuándo recibirá el director de la CIA, John Ratcliffe, a doña Wendy?, ¿le contestará por escrito? Las respuestas son obvias, porque si Estados Unidos no informa en el marco de la ley y los convenios bilaterales entre México y el vecino país al gobierno federal, mucho menos lo harán ante la emergente comisionada para el caso. 

La falta de seriedad del nombramiento es que la comisionada repartirá su tiempo entre este asunto y la titularidad que conservará como directora de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia. 

Esto es un hecho más de la conducción, valiéndose de mentiras, que inauguró en el asunto César Jáuregui Moreno, fiscal general del estado, cuando en una primera explicación oficial casi casi afirma que le proporcionaron un ride a Richard Leiter Johnston III y a John Dudley Black, un par de desvalidos agentes de la CIA extraviados en la sierra y con necesidad de llegar oportunamente a tomar su vuelo a la ciudad de Chihuahua. Alguno de ellos salvó su vida en Afganistán y vino a perderla por acá.

Pronunciar tales mentiras implicaría, en apego a la ley y a las elementales normas de la buena política, que el fiscal ya hubiera renunciado, no nada más a su cargo, sino a su pretensión de ser candidato a la Alcaldía de Chihuahua. Lejos de eso, Jáuregui Moreno está propalando la idea de que es un hombre que sabe tomar decisiones y desmantelar laboratorios del narcotráfico, en claro mensaje de que sería un funcionario que puede jugar de peón en el ajedrez trumpista para Chihuahua.

No menos grave en este asunto es la obstinación de la presidenta Claudia Sheinbaum por reconocer la gravedad del mismo, pero sin tocar absolutamente a nadie, en especial al control que se debe ejercer por el Estado mexicano a los agentes de los Estados Unidos que operan a ciencia y paciencia en territorio nacional, ciertamente no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, pero hoy a contrapelo de un barato discurso patriotero, para no referirnos a la explicación que nos debe por la presencia de elementos del Ejército del cual ella es comandanta suprema.

Nadie puede creer, menos una científica como Sheinbaum, que no se revisó la identidad de los que actuaron al desmantelar el laboratorio, como para que el Ejército mexicano hubiera verificado que no había interferencia de agentes extranjeros. Sostener estos argumentos, y son varios los que lo han dicho, en realidad es una grave ofensa a la inteligencia de todos, en particular de los chihuahuenses.

Politiquería fue “invitar” a la gobernadora Campos para que compareciera ante el Senado, prohijando intervenciones demagógicas de un vengativo Javier Corral, hoy morenista de hueso colorado. Sabían que no podían poner un citatorio formal, legalmente irrecusable, pero se sumaron al coro de las mentiras.

Ridículo también resultó el disminuido discurso de algunos morenistas locales que gritan que hay “traición a la patria”, que sólo llegaría a las autoridades locales. Ven el árbol, pero se niegan a ver el bosque. Y en este caso el bosque llega hasta los pinos, o mejor dicho, hasta Palacio Nacional.

Sin duda se trata de un tema delicado pero que pasará a formar parte de la historia de la impunidad que engrosa muchos volúmenes de la vida nacional. 

Mientras tanto, en el intermezzo, Gilberto Loya, el secretario maruquista de Seguridad Pública, les prepara su penthouse a los agentes de la DEA y de la CIA en la Torre Centinela.