Un imperativo por razones humanitarias, aclarar el fenómeno de las desapariciones forzadas

El gobierno de la Cuatroté, y en concreto el de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, se ha empeñado en despreciar el derecho como una pieza fundamental para el ejercicio del poder bajo los criterios de responsabilidad y rendición de cuentas. Hay signos ominosos en el panorama que así lo indican.

El primero, el cuestionamiento y rechazo de la solicitud de la ONU a la Asamblea General para que examine la situación de las desapariciones forzadas en México. En igual vía corre la reciente resolución que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a bloquear discrecionalmente las cuentas bancarias de cualquier persona, violentando presunción de inocencia y una orden de autoridad judicial competente.

Hoy tengo interés en comentar lo que se refiere a la desaparición forzada, que se ha convertido en un grave problema humanitario en nuestro país al que se agrega el drama de las mujeres buscadoras, algunas asesinadas en su intento por localizar a sus seres queridos, ante la ausencia de un Estado que no cumple a cabalidad con la tarea y hasta las enfrenta en una arrogancia superlativa, pues es incomparable el poder de una y otra parte.

Veamos la solicitud de la ONU:

El pasado 2 de abril el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.

Dicho comité concluyó que la información recibida contiene “indicios fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Esto es resultado de una evaluación en la que se afirma que “se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”.

Se dice que tal decisión está basada en informes surgidos de la sociedad civil, la respuesta misma del Estado mexicano en septiembre de 2025 a su solicitud de información sobre la situación que guardan estos hechos, además de la información recopilada por este Comité en 2012.

Se toma en cuenta que si bien la “guerra contra las drogas” en México ha contribuido a la recurrencia de tales ataques a nivel local, el Comité dejó en claro no haber encontrado pruebas de “una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas —ya sea mediante acción deliberada u omisión deliberada— en el sentido del Estatuto de Roma”.

Empero, el Comité destacó que en algunos de los casos denunciados ha recibido “información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia”. De acuerdo a tratados internacionales, se considera que las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad también pueden ser cometidas por una “organización”, incluidos ciertos actores que no pertenezcan al Estado, pero que están organizados, cuando “formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil”.

El presiente de este comité, Juan Albán-Alencastro, declaró al respecto que “el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”.

Este organismo de la ONU también tiene otros datos, porque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas contiene casos de “personas desaparecidas”, pero no tiene una imagen clara de cuántos de los casos registrados podrían corresponder a desapariciones forzadas. Sin embargo, la magnitud de los casos registrados pone de relieve la gravedad de la situación, indica el informe.

En el seguimiento de los casos, el Comité estima que se han encontrado más de 4 mil 500 fosas que contienen más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, además de unos 72 mil restos humanos no identificados.

También advirtió que a pesar de las medidas adoptadas desde su visita a México en 2021, “la situación no ha mostrado una mejora sustancial”, tomando en cuenta datos oficiales y públicos disponibles. “Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas”, señala el documento.

Cuando con toda racionalidad la respuesta gubernamental debiera ser privilegiar los mecanismos del derecho que el caso impone y ofrecer la coadyuvancia, la Presidencia se pronuncia, por enésima ocasión, renuente y mostrando su rostro de autoconsiderarse como intocables y repelentes a la crítica en un tema absolutamente sensible, con cifras de desaparecidos o muertos por ejecución que rebasan los números de las guerras en curso.

Las razones que aduce Albán-Alencastro son más que válidas para que el gobierno se decantara por admitir esa coadyuvancia para encarar el problema de las desapariciones, transparentar la situación real, así se trate de un reducido número de estados que se involucran, como Coahuila, Veracruz, Jalisco y Nayarit.

Las deficiencias en el ejercicio del poder presidencial son obvias cuando la misma presidenta afirma que el Comité no forma parte de las Naciones Unidas, lo que aún en el remoto caso de que fuera cierto, sería un argumento nulo, porque lo importante es el problema y los compromisos internacionales de México en derecho humanitario, en lo que nuestro país tiene honrosa tradición.

Claudia Sheinbaum parece atada a las estrechas visiones insulares de Andrés Manuel López Obrador; y a lo que se ve, no quiere contrariarlo.