Hacia finales de septiembre del año 2014, Unión Ciudadana presentó una formal denuncia contra el entonces gobernador del estado, César Duarte, su secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, y de Carlos Hermosillo Arteaga, hoy finado.
La misma denuncia penal se presentó ante la entonces Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado. No obstante la fortaleza de las pruebas para acreditar hechos de corrupción política tipificados como delitos, hasta hoy no ha trascendido la pesada burocracia, imponiéndose la impunidad, más cuando se trata de un ciudadano que por su cuenta y riesgo documenta hechos y los acredita suficientemente.
Pareciera que la corrupción es un tema de agenda que sólo corresponde a la clase política para dirimir sus diferencias y negociar prebendas o ajustes para mantenerse en el poder, juego en el que han caído prácticamente todos los gobernantes, independientemente del partido al que pertenezcan, lo que se agrava por las mutaciones constantes, porque en México te puedes dormir priista y amanecer panista, y así con todas las formaciones partidistas.
La corrupción no puede ser una materia en la que la secrecía sea la regla, justamente porque a través de ella es como se puede valorar la honradez en el desempeño de la función pública de los gobernantes.
Entendemos que existe la presunción de inocencia, pero eso no obliga a mantener en el anonimato o en la opacidad la información que la sociedad requiere para tomar determinaciones, entre ellas la muy importante que tiene que ver con la elección de gobernantes. Pero no únicamente, también para dar paso a un sistema de rendición de cuentas completa o suficiente.
En Chihuahua hay dos expedientes que deben hacerse del conocimiento público para que los ciudadanos sepan el estado de la corrupción que prevalece en Chihuahua. El primero, por su importancia, es al que me refiero al inicio de esta columna. La denuncia local contra Duarte ingresó en los mismos tiempos en los que este era gobernador; por tanto, resultó una obviedad que iba a darse una obstrucción a la procuración de justicia, violatoria del derecho, pero al fin una situación de facto que resultó insuperable.
Durante el gobierno quinquenal de Javier Corral, contra toda lógica, sucedió lo mismo, pues la Fiscalía encabezada por César Augusto Peniche Espejel, reiteradamente negó acceso al expediente para valorar su avance, estancamiento o retroceso. En fin, no nos permitieron examinar el expediente, que por otra parte Javier Corral y su equipo de abogados sepultaron en la oscuridad.
El otro, muy publicitado, al igual que muy desconocido, es el que se engloba con la expresión “Expedientes Equis”, en los que están un sinnúmero de políticos, periodistas, clérigos, líderes de partidos y la actual gobernadora, María Eugenia Campos. De ese expediente los ciudadanos saben únicamente lo que se ha dosificado, como si la publicidad debiera suministrarse conforme a las necesidades políticas del gobierno, tratando a los ciudadanos como disminuidos mentales.
Como firmante de la primera denuncia, a partir de esta semana empezaré a exigir públicamente que se nos permita ver el expediente y que se demuestre que el nuevo fiscal general, César Jáuregui Moreno, realmente tiene una política de puertas abiertas, como él mismo lo afirmó. En este caso por puertas entiendo las fojas del expediente iniciado hace ya ocho años y medio.