¿Quién responde por la presencia de la CIA en Chihuahua?

Teniendo a la vista nueva información, que ha sido a cuentagotas, sobre la intervención de la CIA en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara, cada vez se reafirman las responsabilidades compartidas de los diversos niveles de gobierno. La de Estados Unidos es más que obvia, ya que la elemental reciprocidad le obligaría a dar cuenta de su presencia en territorio ajeno. 

Este es un tema que, aparte de ser sumamente delicado, se puede observar desde varias aristas por su complejidad jurídica, política y bilateral; pero habremos de ir valorando opiniones para la interpretación del caso y señalar las responsabilidades que le atañen en particular a las autoridades mexicanas –local y federal– que a la par se les puede reprochar omisiones y acciones igualmente graves. Verlo unilateralmente no conduce a las conclusiones debidas.

Parte de esa nueva información radica en la reunión de poco menos de una hora que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sostuvo en la Ciudad de México con el  secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tema al que el pasado viernes se refirió la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera.

La presidenta afirmó que la gobernadora de Chihuahua “se comprometió a proporcionar información sobre la presencia de agentes estadounidenses en la entidad”. Como si en esa misma entrevista con Harfuch no hubiese podido hacerlo, sobre todo si se hizo acompañar del fiscal César Jáuregui Moreno y del director de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya, quien no ha aparecido públicamente.

Lo que dijo Sheinbaum encaja en lo que algunos expertos en relaciones internacionales ya pronostican: no va a pasar nada; y a pesar de los trágicos acontecimientos que detonaron esta crisis, tanto interna como bilateralmente, todo quedaría en meras disculpas diplomáticas, aun cuando legisladores de ambos bandos escenifiquen pleitos en sus respectivos congresos y se amenacen mutuamente desde posiciones partidistas.

En lo que parece un primer acuerdo, Maru Campos difundió un comunicado en el que señala que “Chihuahua reitera que el diálogo y el trabajo conjunto con el Gobierno de la República nos permitirán garantizar la paz y el Estado de Derecho en nuestro país. Sin duda, mejorar los canales de comunicación es el camino correcto para obtener mejores resultados”.

Es decir, a nivel doméstico Maru Campos cumpliría con cortesías políticas sus malabarismos para brincarse las facultades de la federación en temas como la intervención de la CIA en territorio nacional, y Sheinbaum haría lo propio con Washington, a cambio de mantener la presencia de agentes extranjeros de manera más segura, discrecional y legal, formalmente avalado por el Senado mexicano.

Como ya se sabe, en el operativo fallecieron el director de la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes; su escolta, el agente ministerial Manuel Genaro Méndez Montes, y –ahora se sabe– dos agentes de la CIA, aunque existen versiones extraoficiales que afirman que en realidad participaron cuatro agentes de la Central de Inteligencia norteamericana que portaban uniformes de la policía investigadora del estado de Chihuahua.

Por lo que se ve, las entidades de gobierno involucradas están desaprovechando la oportunidad de reconocer como un hecho duro que las agencias norteamericanas y su personal siempre han operado en territorio nacional de manera pertinaz y sistemática desde hace muchos años.

Conviene, entonces, explicar el marco jurídico en el que este problema se desenvuelve. De entrada, el artículo 117 constitucional es muy preciso, no requiere de mayores rigores para su interpretación, cuando dispone que “los Estados no pueden, en ningún caso, celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras”.

Es de conocimiento público la reiterada obsequiosidad de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ha mostrado hacia los Estados Unidos. Ella se formó académicamente en Washington y le fascina tener pactos con el gobierno ultraconservador de Texas, encabezado por Greg Abbott, actos con los que siempre ha pretendido hacerle más que un guiño al trumpismo.

En realidad y frente a lo sucedido en el municipio serrano de Morelos, el gobierno de Chihuahua está obligado a aclarar porqué se extralimitó en sus atribuciones; y eso debe tener las sanciones correspondientes. En primer lugar a la titular del Ejecutivo, y particularmente a los funcionarios involucrados, en este caso el fiscal general César Jáuregui Moreno y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, quien no ha dado la cara públicamente. La gobernadora y sus funcionarios hoy se ocupan de todo menos de lo esencial y de su obligación debida.

La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, terminó por reconocer que en ese operativo actuaron elementos del Ejército, de la cual ella es, por ley, comandante suprema, aunque la SEDENA, en ese juego de pronunciamientos contradictorios que ha producido este caso, se deslindó, dos días después, de haber participado con la CIA en el referido operativo. Sheinbaum dijo que los militares actuaron dando “apoyo perimetral” (cualquier cosa que signifique este eufemismo), pero las imágenes reveladas en la prensa demuestran que formaban parte directa del operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio para producir fentanilo en el referido municipio, ubicado en los límites del llamado “triángulo dorado”.

En el fondo, todo este problema revela el grave deterioro institucional que se vive en el país entero, al grado de que arrogarse facultades que no se tienen anuncia que se puede hacer de todo sin que pase absolutamente nada; o lo más grave, que la presidenta de la república no sepa, no esté informada, o simule no estarlo, de lo que pasa en el país, en especial de cómo se mueven sus subordinados.

Tomando en cuenta el ya acostumbrado belicismo e intervencionismo de Donald Trump, este caso debe servirnos de ejemplo y precedente para algo más preocupante y fundamental: si el presidente norteamericano no lograse entrar a México por la puerta principal en el combate al narcotráfico, podrá hacerlo por las ventanas; y en este caso Chihuahua aparecería como una de esas ventanas y colocaría al gobierno de Campos Galván, a su fiscal César Jáuregui Moreno y al secretario Gilberto Loya, en el incómodo lugar de estarse prestando a una colaboración no tan sólo indebida, sino proscrita.

Por lo demás, mientras sigue fluyendo información al respecto, se pueden acusar responsabilidades inexcusables para ambos lados, y a los chihuahuenses nos interesa que nuestras autoridades locales no queden en la impunidad.