ONU pide a México eliminar prisión preventiva oficiosa
El conjunto de mecanismos de Derechos Humanos dependientes de la ONU, a través de la oficina del Comité establecido en México lanzó como respuesta sobre la Prisión Preventiva Oficiosa una serie de consideraciones en las que muestra su rechazo a la iniciativa promovida desde el gobierno federal.
Al Comité de Derechos Humanos de la ONU le preocupa la figura penal de la prisión preventiva oficiosa, la cual, dice, “no cumple con los requisitos contenidos en los artículos 9 y 14 del Pacto. En particular, lamenta que esta figura penal se haya estendido a otros delitos mediante la reforma constitucional publicada en abril de 2019”.
El Estado, agrega en sus consideraciones, “debe eliminar la prisión oficiosa de la legislación y en la práctica” y sostiene que el Estado mexicano debe “enmendar o derogar los preceptos constitucionales que disponen la prisión preventiva obligatoria para ciertos delitos”.
La tortura y los malos tratos son generalizados en México, afirma. Se informa que el relator especial recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, representantes y personas privadas de la libertad, y conoció varios casos ya documentados de torturas y malos tratos. Esto se potencia, dice la ONU, con el régimen de excepción constitucional y legal, que incluye el arraigo y, precisamente, la prisión preventiva oficiosa que recomienda eliminar de la Constitución y legislación.
Para la ONU, la prisión preventiva oficiosa es “una figura incompatible e irreconciliable con las normas internacionales de derechos humanos. Su vigencia es contraria al carácter excepcional de la prisión preventiva, trastoca la naturaleza procesal de la medida cautelar y lesiona los derechos a la libertad personal y el debido proceso, al tiempo que compromete otros derechos básicos, como el relativo a la integridad personal.
Ya en 2019, Michel Bachelet, en su carácter de Alta Comisionada ONU para los Derechos Humanos, mostraba su preocupación al cuestionar, al término de su visita a México, al referir que la “extensión del catálogo al que se le aplica la prisión preventiva oficiosa, es una figura que trastoca la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal”.
