Gobierno sin Constitución es tiranía

No son pocos los estudiosos del Estado y la clase política mexicanas los que han concluido que nuestra Constitución nos da un país y la realidad le es indiferente, o de plano vive en un divorcio absoluto. El modelo constitucional, sus disposiciones orgánicas fundamentales, su actual artículo 1 esencial para entender la recepción de los derechos humanos en la república, se toman a conveniencia de quienes ejercen el poder público y que en principio únicamente se puede ejercer con apego a las facultades que se les conceden, y no más. Acabamos de ver el bochornoso caso de la aprobación de una ley reglamentaria sobre telecomunicaciones que no se rige ni por los cánones ni por los principios que muy claramente establecen altas normas constitucionales. Pareciera ser que el dilema en este apartado de nuestra realidad es apego a la Constitución o regreso al régimen de alta discrecionalidad de que hicieron gala los peores presidentes de la república en la etapa de régimen de partido de Estado. Así parece demostrarlo, con un insoportable tufo a restauración, el regreso del PRI a Los Pinos.

Desde luego no soy tan ingenuo como para estimar que esto es una noticia, el asunto viene de lejos y así se concibe en la opinión pública y en la conciencia social. Deseo dar cuenta, enmarcándome en la anterior premisa, de una queja que presenté el pasado lunes 8 de julio contra César Duarte por violaciones a la Constitución y concretamente al principio de república laica en la que se supone debiéramos vivir, violación que viene acompañada de transgresiones literales a lo que dispone la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público. La queja se entregó al Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, que lleva mano en esta sensible materia. No se trata de una acción que tenga que ver con la religiosidad ni mucho menos. De lo que se trata es que la Constitución, partiendo del principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, preceptúa cómo debe ser ésta en el despliegue diario de los altos, medianos y bajos funcionarios públicos (todos, sin excepción); y cómo, anteponiendo las convicciones personales, se posterga la vigencia de la Constitución que se protestó cumplir y hacer cumplir. No cabe ver esto bajo la lente de la tolerancia más laxa que ve y deja pasar, quizá bajo el lema de que “qué tanto es tantito”. La Constitución, si queremos vivir en paz, ha de respetarse en sus términos, sin excusas ni excepciones; y no hay justificación alguna, primordialmente por los funcionarios obligados a conocerla en todos sus recovecos, y más en este, que le costó al país toda una revolución durante el siglo XIX.

Es un hecho público y notorio que César Duarte, en su calidad de gobernador del estado, participó en un rito llamado “Consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de la Virgen María”, pero además de manera sistemática, en cuanta oportunidad se le presenta, participa con su investidura en actos que le están vedados. No está de más que dé cuenta que la queja que recién presenté fue redactada ya hace más de un año, lo que mueve a interrogación del por qué de un aparente retraso. La respuesta es sencilla: la violación que señalo no ha estado limitada a uno o dos episiodios, sino que se ha vuelto continuada y sistemática. Pareciera que Duarte Jáquez está dispuesto a establecer un Estado confesional, o de plano una teocracia, y eso anda de la greña con la Constitución. Demagógicamente, hay un programa gubernamental por la cultura de la legalidad, pero en los hechos se desmiente palmariamente con estas conductas. Por eso, y ante la reiteración, opté por iniciar la queja ante el secretario de Gobernación. Sé también que hay otras quejas en el mismo sentido, que tienen que ver con Chihuahua o con otras partes del país y no se resuelven. Son el preludio que me diría que sobrevendrá un carpetazo. En realidad estoy dispuesto a que, ante esa conducta, venga y me auxilie la justicia federal para que no se continúe en la omisión y realmente en la impunidad. El tiempo me va a ir dictando la pauta.

Cuando inicié la redacción de esta denuncia pensé que es lo más conveniente para todos: católicos, protestantes y evangélicos, aquellos que siguen sendas no evangélicas, y también los que no profesan ninguna religión. Y pensé así porque creo que se daña la religión, las asociaciones religiosas, cuando éstas se ensamblan en una connivencia con el poder político. Además, agrego que los valores de la democracia, tales como la legalidad, la tolerancia, la pluralidad, la diversidad, la no discriminación, se ven custodiados por el respeto irrestricto a una Constitución que por una parte no declara la existencia de una religión oficial, como en el pasado, y las ampara con neutralidad a todas desde el Estado.

Y cuando hablo de que no hay religión oficial le doy toda la consecuencia a la frase, afirmando que por las vías de hecho tampoco debe haber. Entiendo que, instalados en lo absoluto, habrá quienes juzgan esto contrario a sus creencias, pero precisamente quienes abusan de su poder para violar la Constitución, son los que están fomentando privilegios que hacen sentir a las diversas religiones que se practican en Chihuahua que hay una a la que se le brindan todo tipo de ventajas, y no debe ser así.

Es obvio, por otra parte, que los gobernantes tienen todo el derecho a practicar el culto al que se han adherido, pero han de ser escrupulosos para que se diseccione con toda precisión cada momento, justamente para que se advierta el respeto a la ley. En Chihuahua lo que tenemos es contrario a todo esto. Hay una actitud farisea (que me perdone este pueblo que recientes investigaciones lo están reivindicando) en la que no importa tanto la esencia del hecho religioso como el mensaje de que hay una santa alianza entre el poder político y el poder espiritual eclesiástico. Eso desvirtúa tanto al poder como al credo religioso. A ambos les hace daño. Pero a diferencia del clérigo que participa en eventos farisaicos, el gobernante protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y cuando digo protestó quiero subrayar que tanto la Constitución como las leyes mexicanas no se juran, por ejemplo, poniendo la mano en la Biblia, como sucede en Estados Unidos, sino simplemente se traba el compromiso, laico por excelencia, de estar en todo a lo que la ley dispone. Pero ya vemos que la realidad va por otra parte, y no con casos aislados, sino permanentes, continuados y sistemáticos, que si no se les pone traba legal alguna ahora, le permitirán a los ultramontanos y revanchistas volver a desconocer la Constitución general de la república y de lo que ella queda, a partir de la contrarreforma salinista, y no se diga de la obsequiosidad del alto clero católico con gobiernos del tipo de Peña Nieto y César Duarte.

No hay vuelta de hoja, la Constitución y la ley se han violado. Ese es el motivo de la queja, y se resume en uno de los muchos argumentos que se contienen en el escrito entregado a Gobernación. Como muestra va el siguiente:

“La lectura de esa expresión de ‘El Gobernador’ ( Yo, César Duarte, por éste medio me consagro a mi mismo, a mi familia, a mi servicio público a la sociedad, […] le entrego a dios y a su divina voluntad, todo lo que somos, todo lo que tenemos en el Estado de Chihuahua) no deja lugar a dudas sobre su intención, la entrega o consagración a su dios, implica seguir los lineamientos religiosos y políticas católicas, es decir actuar oficialmente en contra de los principios que sustentan el estado laico, reconociéndolo al día siguiente del acto de culto público afirmando:»El día de ayer fue un evento en el cual las 6 diócesis del estado convocaron a todo el estado a un acto de redención a un acto meramente de valor en el sentido de la convocatoria de la iglesia católica y todo lo que abona a un ánimo de recuperación de la paz un ánimo de reflexión de la paz, todo ayuda sin duda y ahí estamos más que comprometidos», ratificando así su parcialidad hacia la religión que tiene y puede practicar libremente y más aún, el Estado mismo, está obligado a proteger, sin embargo, como Gobernador, abandona la neutralidad a la que ley le obliga, imponiéndole al cargo que detenta conductas de no hacer, asumiendo el principio de autonomía de lo político frente a las normas religiosas.”

Cuando el gobierno se pone en contra y por encima de la Constitución, se instaura la tiranía y a los ciudadanos sólo les queda el derecho a la rebelión. Por eso, espero de pie la respuesta del gobierno federal.