Gabriel Sepúlveda, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado por obra y voluntad de su paisano César Duarte y de los diputados del PAN, no entiende un concepto básico del derecho moderno: el presupuesto de lo público ha de estar en todos los actos en los que el Estado expresa su voluntad, sea un decreto, un reglamento, una ley o una sentencia.
Suele suceder esto en funcionarios que carecen de preparación o que simplemente hacen del cargo la base para dar un sesgo privado a su actuación, sea en beneficio propio o de tráfico de influencias.
En el caso que me ocupa, el magistrado está haciendo público que va a judicializar denuncias penales contra el exgobernador Javier Corral, apalancado en el poder que ostenta, y que usa oportunistamente ahora que se siente con excelentes relaciones con la gobernadora del estado. Pero se le olvida que es magistrado, que forma parte de una institución, que sólo en principio, en este caso, se puede considerar garante del Estado de derecho.
Que Sepúlveda tiene todo el derecho a presentar denuncias y obtener que se judicialicen, y eventualmente hasta lograr que se castigue a sus denunciados, no lo discuto de ninguna manera. Pero no si es un magistrado que, como regla elemental, entiende su función pública, constitucional, que es juez y parte.
Este problema tiene una solución: que renuncie al cargo y que como particular proceda como a su derecho convenga, según reza frase sacramental del litigio.