El Partido Acción Nacional por boca de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, propala a los cuatro vientos que van a “salvar Chihuahua”. No dice de qué, pero se sobreentiende que es del lopezobradorismo y su llamada Cuarta Transformación.

En ese discurso va y viene el supuesto resguardo de las instituciones constitucionales. Eso es únicamente expresión retórica, falaz, de algo que los hechos se encargan de desmentir.

Durante la semana que concluye fuimos testigos de un par de hechos que tendrán consecuencias graves para el deterioro de esas instituciones que dicen quieren defender.

Por una parte se nos vende como una reforma judicial, de la que me ocuparé con posterioridad; y de otra, el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que se decretó por el Congreso del Estado por una mayoría calificada de diputados que se decantaron por obedecer de la gobernadora y nombrar a Javier González Mocken.

He calificado, desde que se empezó a ventilar públicamente esa posibilidad de nombramiento, que se trata de una puñalada a la sociedad chihuahuense, que observa así el deterioro superlativo de la CEDH. Es un proceso que viene de antaño, y en realidad ningún gobierno del estado ha tenido simpatía por ese organismo tan importante, y ha sido escaso el apoyo para fortalecerlo con fondos y, sobre todo, respetar lo que tiene de poder para proteger los derechos humanos en Chihuahua, que se violan sistemáticamente.

Hasta ahora los gobernadores han metido la mano en el nombramiento, es algo inocultable. Pero había cierto respeto, así sea marginal, para que quien ocupara el cargo se revistiera de ciertos atributos, y uno de ellos básico: que no fuera producto de los vaivenes de la política y el pago de favores por alianzas electorales.

Además, de una u otra manera, se pensó en personas con cierto compromiso con la tarea de los derechos humanos, porque al frente de esa institución, aparte de profesionales, deben estar privilegiadamente quienes han hecho de los derechos humanos objeto de una vocación de servicio y de vida.

En este caso, González Mocken es un impresentable para la institución. Su historia habla claramente de que no es el sitio que le corresponde ética y políticamente, y que lo va a detentar, exclusivamente, por voluntad de la gobernadora Campos Galván.

Es probable que González Mocken sirva para dirigir un grupo seccional del PRI, como lo hizo gran parte de su vida, y que repitió cuando ingresó a MORENA y luego en el PAN. Quizás para eso sea eficaz, pero hacerlo presidente habla de que hay un afán destructor de lo que queda de la CEDH.

Hemos recapitulado esa nefasta historia que nos lleva a enterarnos de su carácter de porro en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de sus compromisos con César Duarte, y en particular el afán de predominio de este con la candidatura de Enrique Serrano a la que sirvió, convirtiendo al municipio en un aparato de poder electoral.

De la derrota de Serrano hacia adelante, González Mocken se ha caracterizado por su veleidad política, que le da para estar en el PRI, en MORENA y en el PAN; y con esa historia, como mayor dato curricular, llega a la CEDH, después de haber ocupado desastrosamente la Secretaría de Educación y Deporte.

En pocas palabras, se trata de un político al servicio del poder, no de los derechos humanos, que recibe el pago a sus servicios y que por hechos bien escrutados por La Verdad Juárez, pintan al nuevo presidente como alguien que fue objeto de recomendaciones puntuales por la misma institución que ahora va a encabezar:

“Los registros de la CEDH muestran que tan sólo como presidente municipal suplente por el PRI, en apenas 10 meses recibió 12 recomendaciones: la 27/2015 por violación al derecho a la vida, 3/2016 por tortura y detención ilegal, 5/2016 por tortura y detención ilegal, 15/2016 por tortura, 23/2016 por tortura y allanamiento de morada, 39/2016 por muerte en custodia u omisión de cuidados, 45/2016 por tortura, 51/2016 por tortura, 54/2016 por violación al derecho de personas con discapacidad, 55/2016 por detención ilegal, 66/2016 por tortura, allanamiento de morada y robo, 75/2016 por retención ilegal y tratos indignos e inhumanos.

Ya como funcionario de la administración panista de María Eugenia Campos Galván, en calidad de secretario de Educación y Deporte, recibió la recomendación 39/2021 por violaciones al derecho al trabajo y a la seguridad jurídica y la 20/2022 por acoso escolar y violación al derecho a la educación e igualdad con perspectiva de inclusión y al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Por lo pronto, hay que tener claridad de que el “salvamento” que el PAN dice hacer de las instituciones, aquí se ve, con hechos, perfectamente negado. Carecen de autoridad moral para cuestionar la destrucción de las instituciones nacionales.

Ojalá algún tiempo futuro la CEDH se torne en un organismo que cumpla a cabalidad su objeto social. Por ahora, sólo se ven negros nubarrones.