Burrito mata discurso
En Chihuahua los burritos que López Obrador comió en Villa Ahumada en compañía de Maru Campos trascendieron más que el discurso de Tita Radilla, encargada de ponerle realismo a la oferta gubernamental durante la instalación de la Comisión de la Verdad en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo estatal.
La relevancia de las palabras de Radilla no tienen desperdicio. Por eso las reproducimos íntegras en este espacio:
«En este lugar, la reacción virreinal asesinó a Miguel Hidalgo el 30 de julio de 1811. Muchos años después de la guerra de independencia y de una revolución contra la tiranía, el gobernador Giner Durán, después de la ejecución de los insurgentes del Grupo Popular Guerrillero en Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, ordenó: “¿Querían tierra? Échenles tierra hasta que se harten”. El 15 de enero de 1972, el gobernador Óscar Flores Sánchez conoció de la ejecución de tres jóvenes insurgentes cuando ya se encontraban aprehendidos en las oficinas de la policía judicial de esta ciudad. No investigó de manera seria ni responsabilizó a uno solo de sus subordinados por las ejecuciones extrajudiciales.
Fue el mismo Flores Sánchez, quien, en 1979 como Procurador General de la República, negó que nuestros familiares habían sido desaparecidos sistemática y forzadamente por el estado mexicano. Su entonces secretario particular, Fernando Baeza Meléndez, también gobernó desde este edificio en 1986 y hasta la fecha no ha declarado nada sobre las violaciones graves de derechos humanos que conoció en su paso por la Procuraduría. Hace un par de meses, en septiembre del 2021, la fracción panista en el congreso estatal se negó a rendir homenaje a los compañeros caídos el 23 de septiembre de 1965. La cancelación de la historia subterránea y negada, la de hombres y mujeres protagonistas que hoy nos convocan, nos alerta a pensar que la reacción sigue gobernando desde este estado.
Historias similares se repiten en diversos estados en donde múltiples comunidades se organizaron para resistir el autoritarismo del régimen priista. Tal es el caso de lugares emblemáticos como Atoyac de Álvarez, Guerrero, que sufrieron ofensivas militares sin precedente.
Hoy 10 de diciembre, en el aniversario 73 de la declaración internacional de los derechos humanos, para nosotros es claro que este acto protocolario no debió suceder nunca. El período del terrorismo de Estado no debió recordarse como parte del pasado reciente. Nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, parejas, hijas e hijos, es decir, nuestras personas amadas, no debieron ser desaparecidas, ejecutadas ni torturadas. La represión desplegada en contra de comunidades, de familias, de organizaciones e individuos, opositores políticos o no, debió detenerse de manera inmediata e investigada desde hace décadas.
Desde 1964 hasta 1994, seis presidentes de la República, junto con su funcionariado civil y militar, violaron el estado de derecho que dijeron defender y desplegaron un terrorismo de Estado con el uso de recursos públicos económicos, materiales y humanos. Inmuebles estatales y privados fueron utilizados como cárceles clandestinas. Desde 1965 hasta el 2018, nueve mandatarios nacionales ordenaron la simulación sobre la investigación y el castigo a los responsables. Así mismo, se han negado a reparar individual, colectiva e integralmente a las víctimas y sus familiares por los daños morales y materiales sufridos. En este país se prohibió hablar de nuestra historia. No se garantizó que las graves violaciones jamás se repitieran y convirtieron a esta nación en una país de fosas y de personas ausentes.
Sabemos que cualquier acción contrainsurgente involucró al Poder Judicial, federal y locales, cuyos operadores sin recato alguno violaron el debido proceso. Jueces y magistrados negaron como pruebas las huellas de las torturas infringidas en las personas procesadas; iniciaron procesos y dictaron sentencias basándose en confesiones arrancadas bajo tortura. Conocemos de sobrevivientes que permanecieron hasta 7 años en prisión política sin sentencia de por medio.
Esta Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de violaciones graves de derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, no es un favor ni una concesión para las familias y los colectivos reunidos en esta ocasión. Es una obligación no cumplida por más de cincuenta años. Es una deuda con 95 mil hogares que sufren ausencias de manera forzada, debido a que la impunidad se extendió como virus a todos los rincones del país.
Hoy, desde esta tierra herida por los feminicidios, los juvenicidios y las desapariciones forzadas, reconocemos que nuestras historias de búsqueda y denuncia colectivas han sido escuchadas y retomadas por el presidente López Obrador. Señor Presidente, personas comisionadas, funcionarios que integran esta Comisión, sepan ustedes que estamos conscientes de que hoy inicia un proceso esperanzador, pese a la desoladora crisis humanitaria que atravesamos. Por ello, de cara a la nación, demandamos gestiones y estrategias contundentes.
Comisionadas, comisionados, ustedes conforman un consejo de personas expertas y comprometidas cuyo propósito principal es esclarecer el paradero de nuestros familiares y compañeros. Apelando al profesionalismo, autonomía e independencia, solicitamos que el propósito de su función no se limite a elabor un informe histórico, ni se convierta en un mero ejercicio académico, que de esos ya hay muchos y no necesariamente contribuyen a esta causa de las familias. Por ello, le solicitamos al señor Presidente que se proporcione todo recurso necesario, material y humano, que posibilite la tarea titánica de esta Comisión y que sea la investigación histórica la que nutra constantemente los planes de trabajo en materias de justicia, búsqueda y reparación.
Hoy reiteramos de nueva cuenta: Los archivos y las instalaciones militares, en cuyas entrañas desaparecieron la mayoría de nuestros familiares y compañeros, deben ser abiertos. Que nunca más un militar genocida escape de la investigación ministerial y la justicia civil, como Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz
Hermosillo. Solicitamos que, de la mano de los juristas que hoy se integran a las tareas de acceso a la justicia, centren su mirada en los victimarios y comprueben su responsabilidad. Comprometan a la Fiscalía General de la República a hacer adecuadamente su mandato de investigación y consignación. Reorganicen la lógica de investigación para que funcione. No permitan que trascurran 20 años más para consignar a las personas responsables, no nos obliguen ya a acudir a instancias internacionales ni nos desgasten en amparos para que una diligencia pueda realizarse.
Hacemos un llamado amplio para que las autoridades presentes autoricen el presupuesto necesario para recorrer este país buscando a los nuestros. No ahorren en diligencias que debieron realizarse décadas atrás. No son posibles las pesquisas desde los escritorios, sin personal forense especializado, sin la tecnología necesaria y sin la presencia de las familias y sobrevivientes. No se nos juzgue porque demandamos una reparación integral del daño acorde a los más altos estándares internacionales. En el plan de reparaciones se reflejará la acumulación de generaciones criadas en orfandad, prisión política, exilio e indiferencia del estado mexicano. Solicitamos lo proporcional a la gravedad de las miles de violaciones graves de derechos humanos. Ni nada más, pero nada menos.
Los sobrevivientes, las familias, somos sujetos, no cosas ni tragedias acumuladas. Esperamos que la dignidad de estas comunidades prevalezca en la realización de los trabajos previstos. A lo largo de cincuenta años experimentamos el desprecio, el azote de puertas, el bostezo, la burla, la simulación, la inactividad y un largo etcétera de las peores prácticas gubernamentales. Comisionadas, comisionados: cambien la historia de lo que pareciera ser nuestro destino. Busquen resultados como si cada caso, cada testimonio, cada expediente, fuera sobre un familiar suyo, una mamá, un papá, un hijo, una tía, un compañero.
En los próximos minutos en que se instalará formalmente esta Comisión, imaginen que desde nuestros lugares de origen, viajaron con nosotras y están hoy presentes
nuestros familiares desaparecidos, torturados y ejecutados. Traemos con nosotros a nuestras comunidades deshechas, arrasadas y bombardeadas en Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Estado de México, Sinaloa, Ciudad de México, Nuevo León, Michoacán y Chihuahua. Este edificio hoy se dignifica con la evocación del Hidalgo insurrecto, con la de los maestros normalistas rurales, de la juventud insurgente, de las Doñas que los buscaron siempre.
En ustedes confiamos, y si no, que la patria se los demande.
Asamblea de colectivos de familiares y sobrevivientes de terrorismo de estado en la historia presente de nuestro país».
