Si como dice un periódico de cuyo nombre no quiero acordarme, el enfrentamiento del gobierno estatal con la prensa ha llegado a niveles límite, lo que ocurre con quienes hemos mantenido la crítica hacia las actividades del poder público no es menos preocupante. Hasta nuestras cuentas de redes sociales han llegado, reeditados, los “troles” que hicieron famosa a la oficina de Comunicación Social de César Duarte en manos de al menos tres personajes por hoy innombrables. El caso es que la dosis aplicada en la que se suponía una renovación casi moral de esa dependencia parece seguir siendo la misma: agredir sin argumentos y sin una genuina racionalidad a quienes criticamos al poder. Y lo peor de todo –también como marca replicada del duartismo– es el anonimato, o mejor dicho, las falsas identidades en cuentas creadas ex profeso para atajar las opiniones adversas hacia las administraciones panistas.

Nada menos Leopoldo Maldonado, oficial del Programa de Protección y Seguridad de la organización Artículo 19, ha dicho que “es peligrosísimo” que el Estado descalifique la labor de la prensa “y menos en un contexto como el de Chihuahua, porque colocan en mayor grado de vulnerabilidad a las y los periodistas”. Son expresiones destacadas por el diario de cuyo nombre no quiero acordarme y que se ha visto envuelto en el reclamo, desde la “agencia AP”, es decir, la agencia de Antonio Pinedo, por realizar una labor que le ha resultado incómoda al corralismo.

En la columna principal del mismo rotativo se afirma hoy que el Coordinador de Atención y Servicios a la Ciudadanía del Despacho del gobernador, José Pablo Mendoza, así como el periodista Enrique Lomas Urista, jefe del Departamento en la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado, a quienes califica, aunque en tiempo pasado, como “serios, realistas y objetivos”, fueron presionados por la “agencia AP” para atacar a la empresa periodística referida y que edita sendos periódicos en Juárez y la capital chihuahuense.

Esto, a raíz de que los matutinos cuestionaron el alto costo de las llamadas “Audiencias Públicas” del gobierno estatal, a través de información obtenida con los mecanismos de Transparencia en la entidad. Esto no le pareció a Pinedo Cornejo, director de la “agencia AP” y supuestamente obligó a Mendoza a desdecirse mediante un boletín y a acusar de poco profesional a los medios informativos en cuestión. Al mismo tiempo, habría obligado a Lomas a utilizar ese mismo boletín como publicidad para promover en la radio spots contra los periódicos.

Concluye la columna: “Deben sentir pena Lomas y ‘Josepa’, pero a su situación no les resta más que dos sopas: la renuncia o la obediencia ciega y explica que la calidad técnica en las investigaciones presentadas por el rotativo “resisten cualquier fiscalización; claro, menos la adjetivación mendaz del gobierno estatal”.