Corrupción: la pesadilla que no cesa
Transparencia Internacional empezó a convertirse en un referente en Chihuahua a partir de 1998, en el justo momento en que se lanzó la iniciativa anticorrupción para crear el Tribunal Estatal de Cuentas. Ese año se inauguraba una restauración de los priístas en el poder que se prolongó por dieciocho años, tres sexenios de los cuales el de César Duarte Jáquez nos hizo tocar fondo por la desproporción del abuso del patrimonio público a manos de una tiranía. De allá a este momento registramos la creación de Transparencia Mexicana, y ambas organizaciones son de obligada consulta si queremos saber dónde nos encontramos en relación a ese cáncer que carcome a la sociedad, al gobierno y a estados enteros, como el mexicano, que pasó a ser emblemático durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto.
Un par de lecciones, al menos, nos ha heredado el loable trabajo de ambas organizaciones: poner en la vitrina y a los ojos de todos la cosa pública, ancestralmente manejada con sigilo, secrecía, y lo que se conoce como el arcano imperial; también destacar que la rendición de cuentas se ha construido, en la expansión de la democracia, como la principal pieza de la representación. Por representación aquí se entiende una especie de mediación entre sociedad y Estado en la que priman los intereses públicos, colectivos, lo que despoja al poder de ese sentido patrimonialista tan típico de los gobernantes mexicanos que manejan, pongamos por ejemplo, la hacienda pública como su propio cortijo, y hacen y deshacen lo que sea necesario para labrar fortunas, en una sola generación, verdaderamente proverbiales.
La lucha contra la corrupción política llegó de afuera de las instituciones estatales; desde la sociedad se impuso una agenda sentida por lo alarmante de las prácticas de latrocinio y depredación. Siguiendo la idea de que hay que crear intereses públicos, creando instituciones que los preconicen, se pudo avanzar, generando diversos aparatos estatales encargados de resolver ingentes problemas: las auditorías superiores fiscalizadoras, el establecimiento de la transparencia y el acceso a la información pública, por mencionar sólo un par. Pero lejos estamos de concluir que la innovación jurídica haya cambiado, como por ensalmo, la realidad.
Precisamente en ese contexto cobra pertinencia, y sobre todo oportunidad, tener a la vista las conclusiones a que llegó Transparencia Mexicana, luego de sondear el último tramo del gobierno presidencial priísta, que en en un momento futuro habremos de contrastar contra lo que vaya arrojando el sexenio morenista, que si bien no está incluido en el informe que se refiere, aún su futuro de eficacia es incierto, y no pocas veces hasta ingenuo, al sostener que si no roba el de arriba no robará el de abajo. Especial será el tema del fincamiento de responsabilidades, que está conexo al corazón mismo de la idea de representación política.
Vayamos al grano de las grandes líneas del reciente informe denominado Índice de Percepción de la Corrupción 2018 (IPC2018). Estas son que no ha habido, a contrapelo de las reformas constitucionales, ni prevención eficaz, ni justicia efectiva en las acciones anticorrupción de México. Se trata de algo verdaderamente grave porque se estaría haciendo un corte de caja a la hora de una transición de dos gobiernos panistas en la Presidencia y el recientemente inaugurado que encabeza López Obrador.
No sólo eso, el informe destaca que no ha habido desmantelamiento de las redes de corrupción, tampoco recuperación de activos, lo que le permite llegar a la conclusión de que es prácticamente inexistente la anticorrupción en México. Estaríamos entonces empezando de nuevo, y las cifras y cuadros comparativos así lo revelan. Resumo a continuación el propio informe de Transparencia Mexicana. Veamos:
Por principio de cuentas, México cayó tres lugares más en el índice mencionado, ubicándose en la posición 138 de 180 a nivel global; y a pesar de que nuestro país es la decimoquinta economía del mundo, sigue su tendencia a la baja, ubicándose entre naciones con problemas graves de gobernabilidad y menores niveles de ingreso y desarrollo humano. Dramáticamente, dice Transparencia Mexicana, los 28 puntos que México obtuvo en la escala de 0 a 100 del IPC 2018 de Transparencia Internacional, lo colocan en el último lugar entre los miembros de la OCDE, quedando por debajo de países como Grecia o Hungría, que en años recientes enfrentaron problemas severos de gobernabilidad y viabilidad económica.
Regionalmente, México presenta también resultados poco halagüeños: Chile, por ejemplo, lo aventaja por 111 lugares; y Argentina, por 53. México se ubica al final de la tabla latinoamericana, apenas por encima de Guatemala y Nicaragua, países que enfrentan particulares crisis de gobernabilidad democrática.
Al ahondar en la impunidad generada y la falta de combate a las redes de corrupción existente, el organismo señala que “las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario público”. La falta de sanciones por corrupción es lamentable.
En materia penal, las cifras son notoriamente escandalosas, porque de acuerdo con datos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre 2013 y 2016, sólo 2.9% de las acciones penales terminaron en condena. Transparencia Mexicana analizó resultados de la Convención para prevenir el Cohecho de la OCDE, ratificada por México en 1999 y encontró que desde ese año, y hasta la fecha, se inició un número limitado de investigaciones y “ninguna de ellas ha sido sancionada”.
El veredicto es inequívoco y, hay que decirlo, desalentador. El entramado legal anticorrupción, que aquí se data a partir de 2015, sigue inacabado, cuando todos esperaríamos que estuviera funcionando mínimo a medio vapor, ya que lamentablemente el presumido nuevo Sistema Nacional Anticorrupción ni siquiera está plenamente integrado, mucho menos tiene la dimensión de un sistema real. Tampoco se han nombrado funcionarios titulares de las fiscalías especiales anticorrupción, ni de delitos electorales ni de derechos humanos, por ejemplo.
Hasta aquí una dimensión nacional reseñada por el Transparencia Mexicana, que no duda en concluir que sólo hay “esfuerzos aislados y poco sistemáticos en prevención de la corrupción, que los hacen ineficaces”; y es obligado acercarnos a otra dimensión para ver qué pasa entre nosotros. Cierto, el gobierno de López Obrador no está ahí, habrá que dar tiempo, leer informes futuros y hacer el balance; en cambio, en lo local tenemos una circunstancia diferente.
Aquí en Chihuahua la lucha anticorrupción inició, con independencia y autonomía, en 2014, cuando se denunció penalmente al hoy prófugo y expulsado del PRI, César Duarte. Ese combate salió a la calle, cimbró a la sociedad chihuahuense, se derrotó electoralmente a la tiranía, se sustentaron propuestas de gran aliento para un gobierno ciudadano que tuvo la obligación de actuar con celeridad, creando o renovando instituciones que corren en paralelo a las que el informe refiere.
Pero no fue así, el gobierno se constituyó bajo cánones partidocráticos, los órganos constitucionales autónomos fueron sofocados, la división de poderes prácticamente fue aniquilada en favor de un gobierno unipersonal y, concretamente, tanto en el organismo encargado de la transparencia y el acceso a la información, en la Auditoría Superior, y en la construcción del sistema anticorrupción local, se siguieron los cartabones del pasado y se optó, con lentitud pasmosa, a poner amigos, compadres, correligionarios, donde otros perfiles debieran estar trabajando en congruencia con el movimiento social que hizo posible la actual y fracasada alternancia.
Conclusión: el informe de Transparencia Mexicana sí alcanza al gobierno de Corral, al menos dos años de su quinquenio, por lo que, a mi juicio, vale lo que sostiene aquél. En Chihuahua, en esta materia, sólo hay ineficacia, esfuerzos aislados y poco sistemáticos, que por cierto es la marca de la casa.
