Hoy se publicó un desplegado, a plana completa, por los dirigentes gremiales que están posesionados de la administración y negocio del transporte urbano en Chihuahua. Recapitulan cómo se encontró al transporte, al finalizar el duartismo: en manos del gobierno; la devolución de autobuses, en diciembre de 2016, en pésimas condiciones. 

Hasta aquí nada que no se sepa y tenga la naturaleza de delicado por el desprecio que hay por el usuario. Empero, subrayan que la ruta troncal aún se mantiene bajo la operación del gobierno del estado y deploran que “esa situación impide brindar un mejor servicio”. Narran sus adquisiciones de vehículos y se autoelogian de que puedan prestar un servicio eficiente. 

Grave es que digan que los usuarios les han solicitado el servicio de transporte de pasajeros de las colonias al centro de la ciudad a fin de evitar el transbordo, ganar tiempo y salvarse de pagar doble pasaje. El gobierno debiera explicar cuáles son las razones por las que no ha permitido esto, según afirman los firmantes del desplegado. 

Al final, como suele suceder en esta ya vieja historia, llaman a trabajar juntos para cumplir la satisfacción de necesidades. Bla, bla, bla.

Lo que no dicen Francisco Javier Lozoya Ontiveros y sus socios, que ahora se coaligan en defensa de sus intereses –que no de los usuarios ni de la ciudad– es cómo han estado totalmente ausentes de un sentido de responsabilidad social y, sobre todo, de servicio público en favor de uno de los problemas más graves que se confrontan en las ciudades: la movilidad social. 

Lo que está fuera de duda es que el gobierno de Javier Corral incumplió con su promesa de campaña en esta materia, al igual que con el resto de sus ofertas, y que ha sido incapaz de poner por encima de la CTM el interés de la sociedad, que se ve atenazada y oprimida, a un mismo tiempo, por el monopolio camionero y el gobierno de la incuria.