Algunos panistas encumbrados tienen con qué y cómo defenderse de acusaciones formales, y Arturo Fuentes Vélez, el exsecretario de Hacienda durante el quinquenio de Javier Corral, no es la excepción. Pero de ahí a concederle certezas meramente jurídicas a una orden de aprehensión en contra del exfuncionario corralista, sería una verdadera ingenuidad.

Y lo sería porque, como todo mundo sabe, la administración de Maru Campos no ha cejado en su cacería de brujas. El maruquismo, a pesar de su corta estancia en Palacio, es una maquinaria constructora de venganzas. Es decir, detrás de esas decisiones aparentemente judiciales, hay una línea política de represalia de parte de una gobernadora que, si bien pertenece al mismo partido que los acusados, ella misma libró por cuenta de su investidura las denuncias por corrupción que le fundamentó en su comento su correligionario e inútil gobernador Javier Corral.

Así como le sucede a Peña Nieto, que acusados de su administración van y vienen y él sigue tan campante en España, en el caso chihuahuense esa cómoda posición es similar a la que detenta el exsecretario de Hacienda del duartismo, Jaime Ramón Herrera Corral. Primero fue cómplice de Duarte y luego de Corral.

Un elemento clave en la orden de aprehensión que la Fiscalía General del Estado libró contra Fuentes Vélez, a raíz de una denuncia de la Auditoria Superior del Estado, es precisamente el personaje que ostenta la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción. Me refiero a Abelardo Valenzuela, un panista juarense de cepa, afiliado desde 1986 y que, por lo mismo, no debió nunca ocupar dicho cargo, justo por sus filias con un partido político, en este caso el PAN, que es el que ocupa el Poder Ejecutivo. No está de más subrayar que también la Auditoria Superior tiene vínculos con el panismo gobernante. Y no se diga el Poder Judicial, conectado en la misma proporción a los intereses duartistas como maruquistas.

En el caso de Valenzuela, este sustituyó en su momento la estancia provisional de la duartista Nidia Aidin Orpinel Pizarro, nombrada por Maru Campos, que a su vez suplió a Gema Chávez Durán, la fiscal anticorrupción de Javier Corral, quien renunció al cargo en mayo de 2022.

No ha habido, entonces, independencia ni autonomía en la Fiscalía Anticorrupción ni en el resto de las instituciones involucradas. La Fiscalía Anticorrupción está viciada de origen, y usada hoy políticamente por Campos Galván para satisfacer sus vendettas personales.

Que si Fuentes Vélez es corrupto y usó ilegalmente 98 millones de pesos para favorecer la contratación de un despacho que le ayudaría en la reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública durante la administración corralista, que se le castigue y pague. Sólo que hoy las posiciones han cambiado, y los patos a quienes antes disparaban, han tomado las escopetas para apuntar a sus enemigos políticos, así sean de casa.

Sólo insisto en decir que la justicia selectiva que implementó Corral y favoreció a a unos cuantos, principalmente a Jaime Herrera, goza de cabal salud en la administración maruquista.

Lo peor de todo es que la ciudadanía seguirá viendo cómo los panistas se hacen trizas, mientras las necesidades urgentes y emergentes de la entidad, como la seguridad pública, la vulnerabilidad de los migrantes, los crímenes de odio, la implementación de infraestructura urbana sin oropel, y muchos otros temas sociales no tienen la atención debida de quienes se dicen representantes de la comunidad.