El reclamo federalista
Es una evidencia que el llamado sistema federal mexicano es sólo una burla, un remedo de federalismo. La cruda realidad es que padecemos un centralismo que avasalla las entidades y, en estas, gobernadores obsequiosos que no defienden sus intereses de manera eficaz. Hemos padecido un fuerte sometimiento de los gobernadores a los funcionarios federales, en especial a la agencia del colonialismo interno que se llama Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los gobernadores de todos los signos y colores han sido igual de lacayos.
El proceso electoral federal en curso ha de tener en este tema un punto de agenda ineludible. Ya basta de presidencialismo voraz y truculento. La riqueza fiscal del país, y una nueva fiscalidad del estado y la sociedad, se genera en todas partes, por tanto a todas partes deben llegar los beneficios y, también los sacrificios, cuando se trate de una solidaridad nacional con alguna región o entidad federativa que necesite del apoyo nacional.
Quienes han estado en el poder presidencial en los últimos 90 años –el PRI y el PAN– son corresponsables de la situación que tenemos y de la ausencia de reformas estructurales. Fox pudo haber pasado a la historia como un reformador del federalismo; no lo hizo y le hincaron una Conago de virreyes sedientos de riqueza vía corrupción, ejemplos locales son: Patricio Martínez y su compañero de partido César Duarte. La CONAGO ha sido un estorbo aparte de que, de acuerdo a la Constitución, no debe existir, está prohibida, pero ya sabemos que en México la ley fundamental no es obstáculo para cualquier disparate que se le antoje a los poderosos.
La federación ha ido acaparando las fuentes tributarias de los estados, se calcula que más de cuatrocientas contribuciones locales han sido asimiladas en los impuestos sobre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA), y si bien participa y aporta presupuestalmente a las entidades, lo hace de manera discrecional, discriminatoria y con condicionamientos inadmisibles en un estado de derecho, en el que lo público es lo esencial. Esto se debe acabar, es la base de una democratización a mayor profundidad, porque al descentralizar se fortalecen las regiones y por tanto la población y los ciudadanos. Es un reclamo que viene de lejos y que ya requiere de una respuesta sustancial correctora.
El gobierno del señor Corral ha abierto el debate, de manera limitada, mas no por ello carente de mérito por llevar estas ideas a la esfera pública. Se reclaman poco más de 700 millones que le servirían al estado, por poner un parámetro, para pagar los sueldos de una quincena de los empleados de la Secretaria de Hacienda, quiero decir muy poco.
Pero los números a visualizar porque ahí está la esencia del problema, es que Chihuahua recibe de fondos federales presupuestales, al rededor del 88% de sus recursos previstos en su Ley de Ingresos (no estimamos aquí lo que atañe a financiamientos y créditos), de tal manera que sólo el 12% son fuentes que administra el estado de manera autónoma y sin la injerencia del todo poderoso central.
Una disputa jurídica, jurisdiccional, del reclamo corralista, puede verse entrampada en una legislación que no favorece un fallo que proteja a la entidad a la hora de dictarse una sentencia; puede también mancharse de apoyo electoral al PAN nacional, hoy en apuros. Hay que ir más allá con instrumentos que proporciona la propia Constitución, el quehacer político con oficio y la propia crítica, la que se hace y la que se recibe. Pues nunca como ahora es valida una conseja de raíz liberal y experimentada en el mundo, valiosa por decir lo menos: “No tiene sentido afanarse en una suerte de crítica social profunda e incluso ‘metafísica’, si ésta carece de soluciones posibles a problemas políticos concretos y urgentes”.
Estamos frente a una agenda nacional y sólo una decisión nacional pondrá fin al adefesio de federalismo que padecemos y sufrimos, con diversas intensidades, en todos los rincones del país.
