Con la mano en la cintura cualquier chihuahuense puede hoy conjeturar que Miguel Riggs puede ser el primer eslabón de una cadena que conecte al interior del nuevo gobierno panista, porque hasta ahora la única noticia que se tiene es que los corruptos se encuentran en la acera de enfrente.

El caso de Riggs, es decir, el asunto del conflicto de interés generado por la adjudicación directa de un contrato estatal que favorece a su propia hermana, es especialmente delicado no sólo porque es un caso de corrupción en sí mismo, sino porque Riggs pertenece a la clase política que se vio favorecida electoralmente por la lucha ciudadana antiduartista.

O sea, los ciudadanos tienen derecho no únicamente de exigirle a Riggs una explicación, sino también de demandar a la autoridad correspondiente una investigación acerca de su presunta responsabilidad en un acto ilícito, política y administrativamente hablando. De la moral pública ya dio muestras de que ahí se enclava su debilidad, porque los argumentos que ha esgrimido lo pintan de cuerpo completo y en ellos va implícita su develada participación y su muy silvestre concepción del servicio público.

No es papel de un síndico regañar a quienes, con toda razón, lo increpan, y mucho menos asumir una postura similar al ya histórico «firmé sin ver y a lo macho», perteneciente a un duartismo todavía fresco en la memoria. Miguel Riggs está obligado a responder no sólo ante los medios sino ante la autoridad sobre el tamaño de su influencia en la ya famosa adjudicación directa del contrato público a la empresa de su hermana. Se lo debe a los chihuahuenses y a quienes, creyendo en una transformación, votaron por él.