Bajo una triple óptica, puedo examinar la voz de los empresarios chihuahuenses que salieron a la palestra el día de hoy con un desplegado a plana completa en los principales diarios del estado, dirigido a Enrique Peña Nieto. Entre los abajofirmantes están la aduladora del duartismo llamada FICOSEC, las cámaras que en diversos momentos cerraron filas con el gobierno anterior, y no pocas de las instituciones patronales de la extrema derecha. En realidad tiene poco caso hacer la relación de las más de sesenta agrupaciones signatarias, cuando lo esencial está en otra parte y hacia allá me dirijo.

Primer vistazo. Hay una estrechísima y facciosa visión de lo que son las crisis del corte de la que viven México y Chihuahua y que en parte es económica, sin duda. Para los empresarios nada más hay dos causas de una crisis gubernamental: los agentes externos, procedentes del entorno económico mundial, o bien los desastres naturales. Y si bien hablan de “una crisis causada por hombres y mujeres”, para nada encuadran Peña Nieto ni César Duarte con responsabilidades específicas, esto si realizamos una lectura precisa y subrayamos la conducta deliberadamente omisiva de los empresarios, que por cierto no aparecieron de manera completa y unitaria, sólo una parcialidad distinguible. Pero eso es lo de menos, los hombres del dinero no se han caracterizado precisamente por su rigor científico, ni mucho menos conducirse con apego a todo aquello que pueda lesionar sus particulares intereses. Ahora llaman a “reconstruir Chihuahua”, y como frase hasta podríamos decir que no está mal, pero sería estupenda si la pasividad que acusan y que produjo complaciente abuso de poder, la comprendieran de manera autocrítica, llevándose para sí la gran parte que les toca, porque aún les toca.

La lucha de Unión Ciudadana, con tres ejes y que recién acaba de cumplir dos años, se pronunció contra la corrupción, la impunidad y a favor del Estado de derecho; y no obstante la transversalidad de la misma, fue puesta bajo sospecha entre el grupo hegemónico del empresariado que demostró, a la hora de la contradicción fundamental, precisamente la indolencia que hizo posible que el gobierno de César Duarte se extendiera por seis años, prodigando el desastre que hoy tenemos. Y a la hora de la crisis, el grueso de estos grupos capitalistas se dividió entre Enrique Serrano y el inefable José Luis Barraza. Prefirieron cerrar filas con la tiranía: la apapacharon, la justificaron, pactaron con ella la continuidad de sus privilegios. Hasta alguno de los prohombres de la libre empresa paseó en bicicleta al lado de Duarte, aunque la anécdota sólo registró el incidente de su caída.

Dejaron crecer el mal, en pocas y llanas palabras, y ahora no tienen la dignidad moral de reconocer que sí hubo cientos de hombres y mujeres que levantaron la voz, arrostrando todos los riesgos de enfrentar una dictadura. Su falta de generosidad también incluye el regateo del esfuerzo de los otros. Para ellos, hoy, post festum, Chihuahua “tiene una nueva realidad en la que se han depositado grandes esperanzas”, aunque la definición no nos diga con precisión a qué se refieren, o simplemente zanjan con esa frase no afectar los intereses creados que se encarnan en los principales partidos que aquí en la entidad fueron cómplices de la corrupción. Así acostumbran hablar los hermanos Madero.

En el fondo –este es el segundo vistazo–, lo que se pretende es gestionar recursos en el ámbito federal para salvar de la crisis financiera al gobierno actual. Demanda legítima, por lo demás. Y en ese marco, también es legítima la exigencia para que mediante el debido proceso, y “con resultados inmediatos”, la PGR coopere con la Fiscalía General del Estado para que las denuncias penales incoadas lleguen a buen puerto, lo que significa el castigo a los corruptos, principalmente a César Duarte, Jaime Herrera Corral y Carlos Hermosillo Arteaga, implicados en el escándalo de corrupción Unión Progreso. Esta óptica nos permite afirmar que los empresarios han llegado tarde a una lucha, envuelta en sus propios intereses y escogiendo una vía que es la de la negociación tras bambalinas, de esas que, sin que nadie sepa, se privilegian sus negocios que no son precisamente los de la sociedad en su conjunto. En todo caso, deberán dar muestras de coherencia, de que se trata de un paquete integral, que no se agota en recibir dinero federal y olvidar la penalización de los corruptos. Dos de dos.

El tercer vistazo tiene que ver con una crítica al empleo retórico de la fraseología “vida digna” y “Estado de derecho”. Sí, retórico, porque no va más allá de su simple mención, pero hace elegante el discurso.

Hay una gran ausencia en el desplegado que comento y la expongo en tono de preguntas: ¿Qué van a poner de su bolsillo?, ¿aceptarán un incremento a las tasas del Impuesto Sobre Nómina?, ¿aumentarán los salarios?, ¿declinarán de su inveterada práctica del diezmo? Escéptico que soy, mi respuesta es obvia. Ya los conocemos como “filántropos”, con cargo al erario. En mi rancho se dice: No le dan agua ni al gallo de la pasión.

El gran reparto

En tiempos de austeridad, los partidos debieran no recibir prerrogativas económicas, menos cuando las mismas son objeto de un vulgar reparto y regateo entre capos políticos.

Producto del triunfo electoral, en 2017 el PAN recibirá 40 millones 410 mil 163 pesos; el PRI bajó sustancialmente a 15 millones 196 mil 474, por la ingenuidad, benevolencia y falta de capacidad para jugar póker de César Duarte, Enrique Serrano y Guillermo Dowell. Ellos en realidad habrían tenido en su favor 35 millones 643 mil 588 pesos, pero optaron por repartirlos con los satélites Nueva Alianza, Verde Ecologista y Partido del Trabajo, que se llevaron en conjunto 20 millones 447 mil 114 pesos.

Sin duda, los votos más caros e inútiles de la historia. Y eso que los priístas son los maestros electorales.