La Fiscalía General del Estado, violentando el derecho vigente, se ha negado a informar en torno a la existencia de carpetas o legajos de investigación que se hayan iniciado para indagar hechos de corrupción de César Duarte, su esposa Bertha Gómez, Jaime Ramón Herrera Corral, secretario de Hacienda, y Carlos Hermosillo Arteaga, inodados en el escándalo del Banco Progreso de Chihuahua, S. A, de C. V.

Un poco de historia: el pasado 9 de junio Jaime García Chávez compareció por escrito ante la fiscalía a solicitar dicha información con base en disposiciones constitucionales y particularmente en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos a fin de, preventivamente, detectar dichas carpetas con el propósito de cerrarle la puerta a posibles expedientes abiertos y cerrados a modo para proteger a la caterva de corruptos del gobierno del estado.

Se subrayó en la solicitud: “…no le pedimos información sobre el contenido de las carpetas, sino solamente el número de carpeta, delito, cuántas se han iniciado en contra de las personas ya citadas y el estado procesal de las mismas”, pero Jorge González Nicolás, omitiendo el cumplimiento de la Convención contesta en acuerdo emitido oficialmente, notificado el día de hoy, que “no es posible acceder a su solicitud, toda vez que las investigaciones que realiza la Fiscalía General se deben de efectuar bajo una estricta secresía para los terceros ajenos al procedimiento…”, lo que se debe entender como la más rotunda opacidad con la que se patrocina la corrupción política del actual gobierno. Insisto, no pedíamos el contenido de dichas carpetas, sino simplemente saber de su existencia y/o inexistencia, para que cuando entreguen el poder, a consecuencia de su debacle electoral, no vayan a salir con un gran racimo de expedientes autoarchivados y se dificulte mucho más el combate a la corrupción.

Cabe decir que del instrumento oficial que comento no se puede desprender absolutamente ninguna información, porque “supuestamente es secreta” aunque se habla de un asunto eminentemente público y tiene que ver con los recursos de Chihuahua. Así se las gasta Jorge González Nicolás, el cómplice para las causas penales de César Duarte y su pandilla.