Insiste el tirano: le apuesta a las penas severas. Siempre he estado convencido de que César Duarte no pasó por ninguna escuela o facultad de Derecho, o simplemente que se formó intelectualmente –si esta fórmula es aplicable a su caso– en la lectura de la sharia islámica y por ello su afecto por los castigos con penas duras, tales como la lapidación, los azotes y aun la amputación de una mano, aunque al decir esto me excedo porque dado sus niveles de corrupción y deshonestidad, ya le habrían cercenado la diestra o la siniestra.

Más allá de esta digresión, ayer el tirano le espetó a la sociedad chihuahuense que en su concepto a los jueces les faltan dientes para aplicar penas más severas, y de ahí se lanza, sable en mano, contra los abogados laboralistas, a los que no ha dejado a lo largo del sexenio, convirtiéndolos en un costal en el que supuestamente caben todos nada más porque él lo dice, desentendiéndose de que son conductas concretas e imputables a quienes incurran en faltas que transgreden la administración de la justicia. En el fondo de todo esto está su deseo de cuestionar el litigio a las empresas a las que hoy por hoy quiere agradar.

Lo he dicho a lo largo de los años: existen abogados que defienden causas de asalariados, y del otro lado abogados empresariales que incurren en malas prácticas, corruptas unas, delictivas otras. Pero eso no significa, por una parte, motivo alguno para desprestigiar la abogacía en general y mucho menos para pronunciarse por una legislación que contenga exclusivamente una visión represiva del derecho penal que hoy ha avanzado hacia el garantismo. Pero son visiones que no están en la agenda duartista y para las cuales tampoco soplan buenos vientos, si tomamos como antecedente que la cabeza del Poder Judicial ha estado a cargo de gente de la ralea de Javier Ramírez Benítez, José Miguel Salcido, y actualmente Gabriel Humberto Sepúlveda, este último producto de un golpe de mano al Poder Judicial que debiera ser garante del Estado de derecho.

Una moraleja se impone: César Duarte no le ve dientes a los jueces, pero todos los chihuahuenses le vemos a él los cachetes bien inflados de tanto mamar, apoyado en la ausencia de Poder Judicial, porque para nadie es un secreto que hay jueces y magistrados a través de los cuales ejerce el tráfico de influencias.

La leche de la ira

Digan lo que digan, cuando los productores de insumos básicos los destruyen y tiran frente a los edificios de las instituciones públicas, es que algo anda mal, muy mal. Ayer, productores lecheros protestaron contra LICONSA derramando 40 mil litros de lácteos frente al Palacio de Gobierno, y también en la carretera a la ciudad de Delicias. Acusan a LICONSA de no comprarles su producto básico, de despreciarlos haciendo compras a productores de otros estados antes que a los que están instalados en las cuencas estatales, lo que ocasiona pérdidas y rezagos en ese sector económico tan importante, por estar ligado a la alimentación. Aquí está la paradoja: mientras que hay muchos que no pueden consumir, en las calles se derraman bienes que podían paliar la pobreza que se vive en muchas zonas de Chihuahua. Llaman la atención dos contestaciones provenientes del poder: la declaración del cacique local de que “el gobierno no compara leche”, a contrapelo del patrocinio que él tiene para sus agrupaciones y negocios ganaderos, y las de un segundón que recurre al viejo argumento de que los inconformes están aprovechando la coyuntura electoral “para desestabilizar el estado”. Ya no hallan qué decir. Pero una cosa está absolutamente clara: cuando esto sucede, sólo es el botón de muestra de que muchas otras cosas andan muy mal en el sector agropecuario, y en especial en el que se dedica a la producción de leche y sus derivados.