Fraude a la ley en las campañas
Porfirio Muñoz Ledo lo llamó “el secuestro del tiempo político”. Las leyes electorales en el país, en su afán de híper reglamentarlo todo llegan a extremos de rigidez casi absolutos, en la letra. Se ha dicho que las campañas políticas duran mucho, que molestan, y puede ser cierto, pero el correctivo no es el que se ha buscado sino el de propiciar la elevación de la calidad política de los desempeños electorales, la deliberación de las ideas como lo mejor que ofrece la democracia, aunque esto no se practique.
Pero como toda rigidez existente, más en un país como México, la salida es defraudar la ley. Si la ley establece un tope económico de campaña, buscar todos los subterfugios para dejar muy atrás ese parámetro. Si la ley prohibe a los gobernantes presumir su obra en tiempo de veda, armar las cosas de tal manera que al final se salgan con la suya en cosas tan singulares como volcar el presupuesto y la burocracia en favor de tal o cual candidato. Y así podríamos enumerar muchas otras circunstancias en las que los defraudadores se colocan escrupulosamente en los supuestos de la ley, aparentan su fiel cumplimiento, pero violentan la esencia misma de la norma. Los candidatos que así se conducen dan muestra de que si violan la ley en estas cosas, mañana lo harán en otras y pasado mañana no tendrán escrúpulos mayores para doblar eso que se conoce como Estado de derecho y que aquí simple y llanamente no existe.
Un buen ejemplo de esto es la absurda legislación electoral vigente en Chihuahua, que está hecha bajo el lema de formar a los aspirantes en línea, disparar un tiro para que arranquen la carrera, luego ponerles un alto, prácticamente desaparecerlos, para luego reciclarlos ante la escena pública. Una, arrancan, deténganse, vuelvan a arrancar, lo que crea, aparte de gran confusión, las premisas del fraude a la ley. Es, ni más ni menos, que el secuestro del tiempo político.
Aquí en el estado tenemos un singular ejemplo de todo esto: las precandidatas del PAN y del PRI a las alcaldías de Ciudad Juárez y Chihuahua, Victoria Caraveo, Lucía Chavira y María Eugenia Campos, organizaron sus precampañas absolutamente innecesarias porque realmente se trató de simples rounds de sombra, es decir, sin adversario enfrente; pero en el trayecto publicaron grandes espectaculares, en fin, hicieron su labor previa, y entonces vino el “párense aquí”, aunque en realidad no se pararon. Ahí están, por todos lados, sus espectaculares y la proliferación de mensajes a través de las redes sociales, que nos hablan de que su respeto por la ley es absolutamente nulo. El candidato juarense Carlos Loera de la Rosa, de MORENA, ha reclamado inútilmente todo esto al PAN y a la vedette Caraveo, teniendo respuesta casi nula, e igualmente la señora Chavira mantiene su propaganda y, en el colmo de los colmos, María Eugenia Campos Galván, del PAN, aparece en las redes sociales en todo momento de compras en el súper, de guía turística, de lanzadora de acertijos, de reloj colectivo, y tantas y tantas actitudes que denotan su finura para no cumplir con la ley, violándola.
Los ciudadanos no somos niños de pecho. Podríamos soportar la más amplia libertad para que el tiempo no se les secuestrara, se les exigiera calidad discursiva a los aspirantes y así, mínimamente, no generar el caldo de cultivo para transgredir la ley.