Importante investigación la realizada por el semanario Zeta, de Tijuana, reproducido por la revista Newsweek en Español. Arroja una verdad dura, irrebatible, de los saldos del peñanietismo en materia de seguridad y alcanza, a la vez que desmiente, la mitomanía de César Duarte al respecto. Los datos, por ser simplemente aritméticos y acreditables, lo dicen todo. Desde el 1 de diciembre de 2012 a noviembre de 2015 (precisamente la mitad del sexenio) ha habido 65 mil 209 ejecuciones u homicidios dolosos, es decir, en las que hubo la intención de privar de la vida a las víctimas. Esta cifra contrasta escalofríantemente contra los 83 mil 191 del gobierno de Felipe Calderón.

Esto significa el más rotundo fracaso del actual presidente de la república y su aparato de justicia y seguridad, a la vez que revela la falta total de cumplimiento de los compromisos que el candidato del PRI hizo en campaña a lo largo de 2012, cuando hubo elecciones generales en el país. Al paso que llevan estas cifras, es posible proyectar una cantidad que dejará a Calderón “exonerado” de haber iniciado una guerra con las víctimas en vidas humanas, que se reconocen estadísticamente ya como datos inobjetables. Mueve a risa que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tratando de mitigar la cifra, nos hable de que en realidad son 54 mil 454. Cosas de matiz para él, pero un matiz que finalmente se paga en vidas humanas, inseguridad y violencia extendida prácticamente por toda la república.

Cuando las cifras de la investigación del semanario Zeta, que dicho sea de paso viene realizando de manera sistemática a partir del gobierno de Zedillo (1994-2000), se enmarcan en los territorios de las entidades federativas, sucede que es el Estado de México, gobernado en el pasado inmediato por Enrique Peña Nieto y hoy por Eruviel Ávila, es el que ocupa el primer lugar con 8 mil 845 víctimas; seguido por el estado de Guerrero, con 6 mil 040, y no muy distante Chihuahua, con un deshonroso tercer lugar, con 5 mil 176, aclarando que esta última cifra arranca a partir del 1 de diciembre de 2012, a prácticamente 2 años con dos meses de iniciado el gobierno de César Duarte.

César Duarte ha montado un falaz discurso con el que ha pretendido obtener una legitimación prácticamente imposible de alcanzar a estas alturas del gran desprestigio y desmoronamiento del autoritarismo que se vive en Chihuahua. Él quiere asociar el arribo a su gobierno en el estado con una etapa de apaciguamiento ejemplar. Pero ahí están los hechos: en Chihuahua tenemos un número de víctimas espeluznante, desaparecidos a granel, corrupción galopante, distribución sin cortapisas de narcóticos, colusión del crimen organizado con la Fiscalía y sus policías. Qué lamentable que Chihuahua se tenga que informar a partir de investigaciones serias que se hacen en Tijuana, porque aquí lo único que se pretende es esconder una realidad que nos habla hasta por debajo de las piedras.

No está por demás señalar, mediante una cita textual, lo que Adela Navarro Bello, directora del semanario Zeta, escribe para Newsweek: “En Chihuahua, el gobernador César Duarte Jáquez llama más la atención por el embrollo financiero en que tiene metida a la entidad que por el combate que para hacer justicia debería emprender contra los asesinos de los cárteles y del crimen organizado”. Tengo para mí que ambas cosas cosas son importantes, pero el orden de las mismas, indiscutible.

Adiós al municipio

Cada vez es más preocupante el centralismo peñanietista, que al paso que va logrará convertir a las entidades federativas en intendencias y a los municipios en simple prefecturas o correas de transmisión de los designios de la capital de la república. Claro que todo esto en el más profundo desconocimiento de las circunstancias y las realidades que se viven a lo largo y ancho del país.

Faltos de toda visión y capacidad de gobierno, de reforma e innovación, pretenden imponer el mando único de las policías, privando a los municipios de sus propios aparatos de seguridad, que siempre serán los más directos y cercanos a la gente. Que muchos de estos aparatos están corrompidos y coludidos con el crimen, quién lo duda, y que esa circunstancia es producto de que las cabezas del poder lo propician, está fuera de duda; y cuando hablamos de cabezas nos estamos refiriendo al presidente de la república, su gabinete, las fuerzas armadas, la PGR y sus policías, los gobernadores de los estados también de todos los signos. Si las cosas andan mal abajo, es porque arriba está la causa y no hay que buscarle más explicaciones.

Ayer el cacique chihuahuense César Duarte, ante una CONAGO minada y escenográfica, propuso el desarme de las policías municipales, empezando por un desarme inmediato y temporal. Nadie crea que lo hizo por iniciativa propia, él simplemente leyó el texto que se le entregó con el encargo y orden de leerlo, sin más ni más. Leyó el texto que previamente le confeccionaron, y dijo: “Planteamos que los municipios actúen sin armamento y su función sea cumplir los bandos de policía y buen gobierno”. Lo segundo no debía plantearlo, pues es una obligación constitucional, y lo primero pone en un brete a la sociedad misma, más allá de la existencia de policías municipales corruptas y coludidas con el crimen.

Lo que el mentiroso Duarte debiera explicarnos es por qué presume tanto en Chihuahua a las policías municipales certificadas, a las que ahora quiere dejar inermes, lo que convertirá el trabajo de policía –y pienso que hay muchos y muchas que son honrados y honorables– en un oficio de alto riesgo. Por demás está decir que si las municipales tardan en llegar, cuando llegan, la Gendarmería se convertirá en una tortuga policiaca que dejará en el completo abandono las calles y los barrios de todas las comunas de la república.

En todo esto se impone una reflexión: lo que se requiere es un federalismo de fondo y una descentralización municipalista eficaz. No el santanismo que nos vende Peña Nieto y que haría de los césares duartes simples intendentes, dependientes de las secretarías de México.