Matrimonio igualitario: claudicación del cacicazgo

¿De qué sirve la Constitución? Los 5 de febrero, para dar materia a la vacía retórica de la burocracia y ponerla en un sitial casi sagrada, palabrería y no más. Otros la estiman como un programa político que se tiene que ir conquistando paso a paso, de donde se desprende que su contenido es irrisorio en la medida en que no se vaya obligando su cumplimiento. Para los que sostenemos el Estado de Derecho en términos reales y tangibles, es el orden jurídico vigente, el vértice más alto de la pirámide jurídica que obliga al cumplimiento más riguroso. En otras palabras, la Constitución no es ni literatura y mucho menos materia de transacción para ir cediendo ante los intereses de facto que se oponen a su vigencia plena. Me ocupo de la actual polémica, plagada de desafíos, que se ha dado en el estado de Chihuahua con motivo de establecer el matrimonio igualitario, de conformidad con lo que establece el Código Básico de la República, por una parte; y, por la otra, la interpretación inequívoca que del mismo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, única intérprete válida del mismo.

A la obligación de legislar, admitiendo y normando el matrimonio igualitario, en la legislación civil de la entidad ha sobrevenido la claudicación. Pesan más los poderes de facto que lo que se preceptúa en materia de derechos humanos en una república que ahora se distingue, además, por su carácter laico. Tengamos en cuenta que al interior de la sociedad hay intereses contrapuestos y, también, visiones en pugna que están degenerando en una intolerancia en la que se cede a los fanatismos, el conservadurismo y el sentido clerical teocrático, inadmisible en un Estado moderno y que también decretó, desde el siglo XIX, la separación de las iglesias y el Estado. Se trata de una reacción sistemática en contra del sustento liberal estatuido en la ley suprema de la unión y, por consecuencia, su transgresión y desafío. Están claudicando precisamente quienes están obligados a hacerla cumplir. En el centro de esta pugna está el añejo revanchismo de la jerarquía de la iglesia católica, que jamás ha reconocido la esencia de un Estado democrático, bajo las banderas de que el liberalismo político es proclive a la permisividad sexual, el relativismo moral, la decadencia de la familia, el desmantelamiento de las comunidades tradicionales, y lo que a su juicio es el desmoronamiento generalizado de la decencia común.

Como toda institución dogmática, escudada en una ortodoxia, se tiene a sí misma como la fuente única de toda verdad que obliga la obediencia. Y atrás de esta jerarquía retardataria, vienen también las confesiones reformadas, como si ellas mismas no hubieran alcanzado su estatus precisamente por el amparo que la Constitución da a la tolerancia. Ahora son una especie de sacra alianza que quieren reducir a parias a los que inconformes con la discriminación sólo buscan, en calidad de iguales ante la ley, poder alcanzar un estado civil reconocido y con las consecuencias que se desprenden para el derecho público y la seguridad social en todos sus ámbitos, aparte de consolidar un espacio de reconocimiento en la sociedad.

Van lejos los integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano cuando señalan a la SCJN de ser una institución “miope”, y bien saben que el artículo 130, al que odian aún en su versión salinista, les veda “oponerse a las leyes del país o a sus instituciones”, como lo han hecho en esta grave denostación, haciendo gala de una impunidad superlativa, porque están conscientes de que gobernantes del tipo de Peña Nieto o Duarte Jáquez, no moverán ni un dedo para que se respete la Constitución General de la República. Ellos son cómplices de esa sorda rebelión contra el laicismo y anteponen sus convicciones personales a la vigencia de la ley superior; en el caso del primero, no atendiendo las quejas y denuncias que hay al respecto ante la Secretaría de Gobernación; y en el del segundo, por haber tenido la desfachatez de “consagrar” al estado de Chihuahua en un ritual digno del medioevo.

Octavio Paz, cuyo centenario de su natalicio se conmemoró el año pasado, señaló certero en El laberinto de la soledad como una desgracia del país el no haber tenido una Ilustración como la que hubo en varios países europeos, consolidando prácticamente todo los valores esenciales de una sociedad en la que se puede vivir en libertad y tolerancia. En ese marco, quiero recordar precisamente cómo fue definida esa Ilustración por uno de sus más brillantes exponentes, Emmanuel Kant, en un texto que ya cuenta con muchas traducciones al español pero que el Colegio de México publicó desde 1941. El filósofo alemán dijo: “Ilustración es la salida del hombre de su culpable minoría de edad”. Es decir, esa imposibilidad de servirse de su propia inteligencia y, sobre todo, sin la guía de otro.

Aparentemente esto tiene que ver poco con lo que venimos hablando, pero no es así. El espectáculo que hoy vemos, de un gobernador del estado –César Duarte– y una legislatura local de mayoría priísta reculando de establecer el matrimonio igualitario, no significa otra cosa que dejarse administrar el cerebro por los clérigos de la Conferencia del Episcopado y, particularmente en la entidad, de Constancio Miranda Weckman. Los representantes de las instituciones del estado no han tenido el valor de servirse de la razón, que bien pudiera ser que su cerebro no les propiciara esos alcances, pero tampoco de lo que mandata la propia ley. Entonces es válido preguntarse cuáles son las diferencias, pongamos por caso, entre un fanático gobernante del PAN y César Duarte, y cuáles las diferencias entre Rodrigo De la Rosa, Maru Campos o César Jáuregui. En convicciones, ninguna; en dependencia a la iglesia, ninguna; quizá chocan en otros intereses mezquinos por alcanzar espacios de poder, traficando con el dolor humano de quienes tienen preferencias homosexuales que aspiran, insistimos, al simple estado civil de que gozamos todos. Estos diputados ni siquiera explican que el artículo 1 de la Constitución General de la República, materia de la dolencia de la derecha conservadora, fue aprobado por unanimidad en el Congreso de la Unión en 2011. ¿No les interesa ese gran consenso nacional, o son de los que creen que la Constitución es simple literatura de ficción?

Todo el credo antiliberal se puso en operación, con sofismas y mentiras, y con un oportunismo extremo, como en el caso de la diputada María Eugenia Campos Galván, que nos vino con el cuento del rango constitucional al matrimonio. Los electores no deben olvidar en el futuro estas conductas hipócritas y estos que parecen ases sacados de la manga para seguir aparentando respeto a la Constitución, cuando en realidad lo primero que debieran hacer es cumplirla, porque hoy por hoy lo único válido es establecer el matrimonio igualitario por congruencia con una ley superior, además interpretada por la Suprema Corte a la que la jerarquía católica le quiere dar golpe de estado.

Así, el país parece una mula de noria, dando vueltas y vueltas sobre el mismo sitio, pero imposibilitado de llegar a ninguna parte. Parece que estamos en el México previo a 1857 y no en el de Juárez que creó el Registro Civil y con muchas otras leyes puso los cimientos de un México moderno que nuestros políticos teocráticos ni entienden ni quieren entender. En varias ocasiones les he recomendado a estos diputados que lean la Guía ética para personas inteligentes, de la inglesa Mary Warnock, sobre todo donde dice: “Cuando las personas se convierten en legisladores o políticos, asumen nuevas responsabilidades. Tienen que ejercer la razón y la prudencia con el fin de prever las consecuencias que tendrán las medidas que proponen para todo el mundo, lo cual incluye a los grupos minoritarios (…) Hay una serie de juicios morales y decisiones que no están autorizados a hacer, decisiones que una persona podría tomar a título privado sobre la amistad, el amor o el deseo de sacrificarse por los demás (…) Tienen el deber de explicar por qué han llegado a una determinada conclusión, ya que es necesario que se vea que piensan racionalmente; y, en un contexto público, esto significa decir que ha de verse que han reflexionado sobre las consecuencias a largo plazo de lo que proponen; ha de verse también que han adoptado una posición firme y coherente, no únicamente porque, si así se percibe, impulsará sus carreras políticas, sino porque la sociedad necesita de verdad un gobierno firme y basado en unos principios”.

En realidad, pienso que es mucho pedirles, porque ni siquiera son capaces, en este caso primordialmente los legisladores, de tomar una decisión –la que sea– sino evadir el bulto y decir que por ahora no se legislará el matrimonio igualitario, a pesar de que eso constitucionalmente no tiene otra desembocadura. ¡Ah! Pero ahora nos vienen con el cuento de que se inicia la reforma del Estado.

Los legisladores echan por delante sus convicciones, se arrellanan cómodamente en sus curules, cobran sus dietas y no resuelven nada como sería su obligación. Obedecen a un gobierno inútil y, más allá de esto, a sus pastores religiosos y fanáticos, que ya no les queda más espacio para sostenerse que agarrarse de las bragas de hombres y mujeres libres a los que tratan como condenados de la tierra y que de los dientes para afuera dicen respetar.

Y cuando digo gobierno inútil lo digo con suficiente conocimiento de causa: un gobernador del PRI de nuestro vecino estado de Coahuila, procesó de manera abierta el establecimiento del matrimonio igualitario e hizo prevalecer el Estado de Derecho. Se apellida Moreira, es hermano del de la deuda proverbial; es amigo de César Duarte, pero éste no le llega ni a los talones.