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Un amplio grupo de senadores de la república, miembros de diversas fracciones parlamentarias (PAN, PRD, PT y MC) presentaron ayer una iniciativa con Punto de Acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República, que encabeza Jesús Murillo Karam, a dar trámite inmediato, transparente y eficaz, a la denuncia penal interpuesta en contra de César Duarte Jáquez, y que se engloba bajo el rubro de corrupción política, punible por la legislación penal por constituir delitos claramente tipificados. Será probablemente el día de mañana, jueves 13 de noviembre, cuando propiamente se suba a tribuna, de acuerdo a la orden del día del Senado. Será la oportunidad para escuchar la respuesta que den los senadores priístas por Chihuahua (entre ellos Graciela Ortiz, Patricio Martínez y Lilia Merodio) a tan importante acusación.

El exhorto en sí mismo es inobjetable, porque más allá de los fundamentos de la demanda, que es precisamente lo que deberá examinar en primera instancia la PGR, se trata de una excitativa para que lo haga, y quién en su sano juicio se puede oponer a esto a las puertas de las decisiones que el peñanietismo está haciendo correr en materia de un nuevo entramado institucional anticorrupción. Si cualquiera de estos senadores sube a tribuna a impedir el pronunciamiento senatorial con tácticas dilatorias, o simplemente a pedir el voto negativo, sería la confesión inequívoca de que el régimen de impunidad prevalece sin más ni más. No estamos hablando de cualquier cosa, el asunto ha cobrado una dimensión nacional en el que se deberá demostrar lo que se quiere en materia de lucha contra el cáncer de la corrupción.

No queremos adelantar vísperas, pero no está de más tener presente los siguientes datos: de manera sólida la complicidad de Martínez García y Graciela Ortiz se interpondrá exhibiendo la facciosidad de sus posibles defensas. Patricio Martínez tuvo en César Duarte como diputado local, su defensor a la hora de un juicio político incoado contra el exgobernador y ahora senador por la república. Al respecto, recomiendo la lectura de mi libro El crimen sí paga donde documento ampliamente dicha complicidad, que a su tiempo Patricio Martínez pagó a Duarte al seno interno y para sofocar contradicciones en el priísmo local. Todo lo que diga, por más que no se le pueda reconvenir por sus opiniones, estará cargado por datos que constituyen intereses creados, documentables de mil formas.

 

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En el caso de Graciela Ortiz no debemos olvidar dos o tres cosas: su connivencia con el feminicidio cuando fue alta funcionaria en el gobierno de Patricio Martínez, cuyo patrocinio busca para sus intereses; su calidad de exsecretaria general de Gobierno en el primer tramo de César Duarte, lo que habla de antemano cuál puede ser su postura, ya que sería juez y parte; y sus aspiraciones a la gubernatura de Chihuahua, para lo cual necesita el ya bajísimo porcentaje de fuerza que le pueda dar su antiguo jefe y al cual ha servido de manera incondicional. Para ella, el costo de subir a tribuna es por demás alto y además se lo cobraría eventualmente el electorado por defender a un gobierno absolutamente desprestigiado en Chihuahua. No está de más recordar la traición que le jugó a los chihuahuenses por el trabajo negro que realizó con la reforma en telecomunicaciones. Es tan opaca esta senadora que sus promocionales por Facebook sólo pueden ser compartidos, jamás comentados. Y es que así le fue cuando se quiso mostrar como muy abierta en las redes. Todos estos capítulos están por escribirse, y desde luego que desde aquí los vamos a comentar a detalle.

Una primera conclusión es que Duarte porfió en el cerco mediático impuesto aquí en tierra chihuahuense y lo único que obtuvo, con todo y sus elementales trolls fue que el asunto se conociera en todo el país, y particularmente donde más le duele.

 

Y hablando de legisladores, ¿qué hacen los locales en esto?

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No deja de crear cierto malestar entre los chihuahuenses que la denuncia en contra de César Duarte haya recibido el Punto de Acuerdo en el Senado a que se refiere el texto anterior, y aquí, en el Congreso del Estado de Chihuahua, no se haga lo que obligadamente tendría que realizarse por quienes se supone juegan el rol de contrapeso frente a un poder profundamente autoritario y corrupto. Es un agravio no a los quejosos, no a los opositores reales, sino a los electores que quisieran que por esta institución desprestigiada se asomara un adarme de dignidad y rendición de cuentas. Quede para su vergüenza, si la hay, más cuando Jaime Herrera tiene el descaro de afirmar que el asunto “ya se aclaró” con su reciente comparecencia congresional.