Hoy salimos nuevamente a la calle un pequeño grupo de ciudadanas y ciudadanos a exigir se haga justicia por la corrupción política duartista. Los objetivos de la denuncia fueron evidenciar a la cabeza de esta corrupción: el cacique, pero también a sus imitadores en la mitomanía: Raymundo Romero, que niega que se criminaliza la protesta social y prácticamente ha mantenido el asedio que inicio con un secuestro del agente ministerial Leonardo Calzada. Otra pieza es Jaime Herrera, el banquero-secretario de Hacienda, cómplice financier de Duarte en el escándalo Unión Progreso, y el fiscal, que pretende endulzar la realidad con declaraciones, cuando su institución se cae en pedazos en Periciales, ministeriales, ceresos, proveeduría y cuanta instancia quiera usted anotar. ¿Es contra Duarte? Sí. Pero también contra un colectivo mafioso, del cual los mencionados forman parte. La protesta con grandes pancartas fue saludada por la gente de a pie; pero no estamos para autocomplacencias, el gran apoyo pasivo que hay en favor de Unión Ciudadana (UC) necesita dar un salto de calidad para mostrar un músculo creciente, con cientos y miles de ciudadanos en la calle. Sólo así lograremos las metas.

Se ha lanzado la iniciativa política para separar a Duarte de su cargo y así lograr que la investigación penal que se le sigue en la Procuraduría General de la República se pueda procesar con imparcialidad, transparencia y eficiencia.

La respuesta fue inmediata: no tenemos más arma para comunicarnos que una simple computadora y los servicios de internet, los cuales sistemáticamente se suspenden cada vez que hay un evento importante. En tiempos pasados se decía que la imprenta –aquellas viejas imprentas– no podían ser objeto de inquisición de ninguna índole, incluida la judicial. En tiempos de tiranía esto no importa: simplemente nos cortan el servicio y creen que nos condenan al silencio y al ostracismo. Va la denuncia, no acostumbramos victimizarnos, pero les llevamos la contabilidad.