La CIDH tiene otros datos sobre desapariciones forzadas en México

Con la presentación ayer de su informe “Desapariciones en México”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó que con cifras a junio de 2025 el número de personas desparecidas contaba 128 mil, contrario a los “otros datos”, confusos y flotantes, que se han manejado desde 2018 por parte del gobierno federal.

Como ya es sabido, con los cambios de estrategia que implementó en su momento López Obrador, al prescindir de titular y de nombre al Registro que contaba las desapariciones, y el denominado “censo” que se accionó a través de los “servidores de la nación”, dependientes de la Secretaría del Bienestar, llevaron a mínimas las cifras. Luego, la presidenta Sheinbaum continuó la estrategia.

En tanto la CIDH, luego de reconocer públicamente ayer mediante su informe los esfuerzos de las familias y colectivos que buscan a sus seres queridos, señaló la emisión de 40 recomendaciones al Estado mexicano para la prevención, la búsqueda, la investigación y la sanción de este tipo de hechos.

Aunque la Comisión recalca que muchas desapariciones forzadas han sido cometidas por el crimen organizado, también dice que se tiene documentada la connivencia de servidores públicos, sobre todo los relacionados con la seguridad pública, de procuración de justicia y hasta del orden político, con la delincuencia para cometer dichos actos.

Para la CIDH este fenómeno afectad a diversos sectores sociales, como a las mujeres, personas de las comunidades LGBTQ+, a personas defensoras de derechos humanos y a periodistas en el ejercicio de su labor. Y no menos grave es el hecho de que afecta a niñas y niños que en muchos casos son reclutados por el crimen organizado.

También figura la vulnerabilidad de personas migrantes en su paso por el país, aunque en este caso se reconoce que el informe sólo dispone de algunas cifras debido a las “dificultades vinculadas con los registros oficiales”. Es un tema, además de la desaparición de mujeres, o del involucramiento de fuerzas militares y de nexos oficiales, en los que Chihuahua ocupa los primeros lugares y es reiteradamente mencionado.

A pesar de que la CIDH pondera la atención a “las causas” en las estrategias nacionales, hay una serie de retos que aún persisten en el país dese su punto de vista, y tienen que ver principalmente con la impunidad, y luego con factores como la alta carga procesal en las instituciones, así como “deficiencias de procedimiento”, y “falta de formulación de planes e hipótesis de investigación» y “encuadre de las conductas ilícitas en los tipos penales adecuados” de los órganos de investigación.

Hay desincentivos y miedo en la interposición de denuncias por parte de las persona, lo cual, dice, “son subsanables si se recupera la centralidad de las víctimas y sus familias”.

En fin, la crisis de atención y deficiencias que observa la CIDH respeto al fenómeno de las desapariciones forzadas, dan al traste con las omisiones deliberadas de la federación y sus estrategias movidas sólo por el interés político de no verse mal ante la ciudadanía votante. Es la suma de una serie de circunstancias donde se ha antepuesto la convicción partidaria antes que el interés realmente ciudadano en favor de su seguridad real.

La presentación de un informe como el que se cita es fundamental para mantener un contrapeso al discurso oficial que prefiere mantener cifras tan delicadas a raya, con tal de no ver deteriorada la imagen de su supuesto cobijo ciudadano.